Amnesia general de la nación

El pasado 9 de abril —en la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Juzgado 28 Penal de Conocimiento de Bogotá— quedó claro que la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del expresidente trabajan alineadamente. Son un mismo cuerpo de abogados defendiendo los intereses del exmandatario.

Así lo aseguró el exfiscal Eduardo Montealegre, diciendo que las intervenciones que habían hecho la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la defensa parecían del pool integral de abogados de Uribe.

Y es cierto. Pero no son solo las intervenciones o las acciones de la Fiscalía en contra de los testigos que están dando información que incrimina al expresidente, no. También son los documentos que esa entidad está aportando en el proceso, que tienen errores históricos o de investigación y favorecen al defendido.

Me explico.

El 26 de marzo, funcionarios del Centro Estratégico de Valoración Probatoria (CEVAP) de la Fiscalía General de la Nación aportaron al proceso un documento investigativo sobre la creación del Bloque Metro. Nada extraño, excepto que el documento tiene profundos errores. Todos, con el aparente objetivo de favorecer la posición del expresidente y su familia en ese proceso.

El informe es ligero y está lleno de errores e imprecisiones. Trata de reescribir la historia de esa estructura armada paramilitar ilegal que surgió a mediados de la década de los 90 en el nordeste antioqueño, con financiación y apoyo logístico brindados por ganaderos y comerciantes, en la que estaban involucrados el señor Santiago Uribe Vélez y su hermano el exmandatario Álvaro Uribe.

Un análisis realizado por el portal Verdad Abierta demuestra que el documento presentado por el CEVAP tiene contradicciones en fechas de sucesos relevantes en la historia del paramilitarismo en Antioquia. Imprecisiones en la manera como establecieron algunas relaciones con hechos relevantes en el devenir de ese grupo armado ilegal. Y la omisión de datos cruciales para comprender la participación de empresarios en la financiación de esa organización criminal, así como en la impunidad que los rodeó. (Ver Verdad Abierta).

El informe del CEVAP fue entregado a Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene bajo su responsabilidad el expediente del expresidente Uribe. Fue quien solicitó la preclusión de la investigación a su favor, ignorando todas las evidencias en contra de Uribe Vélez.

Pero no para ahí. El informe dice mentiras. Una de las afirmaciones que llama la atención es la que asegura que “la única persona que ha dicho que los hermanos Uribe Vélez fueron los creadores del Bloque Metro es Juan Guillermo Monsalve, mientras que ningún jefe de las Auc le haya (sic) dado validez a su testimonio”.

Falso.

La verdad es que existe extensa evidencia y relatos de otros exparamilitares, que coinciden con la versión de Monsalve.

Para delimitar el rol del expresidente con el Bloque Metro, hay que ir al nacimiento de este grupo paramilitar, que es la Convivir El Cóndor. Y entender la relación de varias familias con esa organización, entre las que están los hermanos Villegas Uribe, los Gallón Henao y los Uribe Vélez. Ese es un dato clave. Por eso hay que estudiar la historia real, no la que quiere olvidar la Fiscalía.

Detrás de la Convivir El Cóndor estaba Luis Alberto Villegas Uribe, ganadero, comerciante y narcotraficante del corregimiento de San José del Nus. Villegas tramitó las autorizaciones para crear esa asociación de vigilancia y seguridad privada e impulsó, a la par, un grupo paramilitar que actuaba bajo su protección. Investigaciones judiciales demostraron con evidencias concretas que en esa causa estaba aliado con el también ganadero Santiago Gallón Henao, quien manejaba las operaciones desde Medellín.

Ese fue el preámbulo del Bloque Metro, desvirtuando, por demás, una de las afirmaciones del documento de la Fiscalía que resalta que esta estructura paramilitar “fue ideada directamente por Carlos Castaño”. No es cierto.

La realidad —probada judicialmente— es que detrás de su llegada estuvieron no solo Villegas Uribe y Gallón Henao, sino otros ciudadanos interesados en frenar, supuestamente, a las guerrillas. Y hay negocios y vínculos que los unen a ellos con los Uribe Vélez.

Como he explicado anteriormente en esta columna, a principios de 1998 el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía inició una serie de interceptaciones telefónicas, de manera legal, a un abonado que correspondía a un local comercial ubicado en Medellín y conocido como Lácteos El Paisa. (Ver Un vínculo innegable).

Este local era administrado por los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, a quienes el CTI tenía entre ojos, por una investigación de conformación de grupos armados al margen de la ley.

Ese Juan Guillermo Villegas Uribe es el mismo empresario y amigo del expresidente Uribe Vélez que —gracias a la Corte Suprema— sabemos que mantenía permanente comunicación con la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda. El objetivo era controlar lo que este pudiera decir ante la Corte. (Oír Audio de conversación).

Volvamos a 1998. Gracias a las escuchas legales, el CTI determinó que los hermanos Villegas Uribe coordinaban —desde Lácteos El Paisa— la consecución de armas y municiones ilegales y la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño. El dinero y las armas eran para sostener una célula paramilitar del Bloque Metro, que inició como la mencionada Convivir El Cóndor, de la cual eran representantes legales.

Además de esas interceptaciones, la Fiscalía agregó al expediente de la investigación ciertos documentos que fueron obtenidos tras un allanamiento a la residencia de los Villegas Uribe el 4 de junio de 1998. Allí se encontró una hoja escrita con el puño y letra de los Villegas Uribe, en la que se inventariaba armamento y equipo de campaña.

En el listado se lee que “Andrés tiene un equipo completo, 2 granadas, 1 changón con 23 cartuchos, 11 tiros de 38; Álvaro registra 1 revólver cl 38, 13 cartuchos cl 38, un equipo completo, granadas, 1 fusil AK-47, 3 proveedores para fusil AK-47, 1 metra, 30 cartuchos 9 mm, 1 radio Yaesu (error original), 2 cargadores; Tamayo tiene asignado 1 revolver 3.57 con 9 cartuchos, 1 radio Kenwood con 2 pilas y un cargador, 1 equipo de campaña con un camuflado, 1 hamaca, una carpa, 2 granadas de mano, 1 fusil AK-47 con 4 proveedores, 1 chaleco portaproveedores con 2 granadas”.

Ahora bien, en ese allanamiento también se incautaron varias escrituras de propiedades ubicadas en el municipio de Maceo, negociadas con, nada más y nada menos, los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez.

Y eso nos lleva a los Gallón Henao. En julio de 1996, Ganados del Norte S.A. —empresa controlada por los polémicos hermanos, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao— le compró a Uribe Vélez Asociados Ltda. la mitad de la Hacienda Guacharacas en el municipio de Yolombó. Como he dicho antes, la venta la realizó el señor Santiago Uribe Vélez con el gerente de Ganados del Norte, el señor Rodrigo Medina Vélez. (Ver Primos y hermanos).

Volvamos a la investigación del CTI a finales de los 90. En desarrollo de las labores desplegadas por los agentes, se recibió la declaración de un testigo identificado como Julio César Acosta Cortizo, excombatiente del Eln. El exguerrillero también funcionó en un bloque paramilitar, con asiento en San José del Nus, razón por la cual describió ante las autoridades judiciales el modus operandi del grupo irregular contrainsurgente. Esto incluyó la identidad de sus integrantes y su abierta relación con miembros de la fuerza pública que hacían presencia en la región.

En diligencia de declaración realizada el 19 de mayo de 1998 en Medellín, este testigo sostuvo lo siguiente: “[En] San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido, un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto”.

Es decir, la hacienda desde donde operaba ese grupo paramilitar fue de propiedad de los hermanos Gallón Henao, por un lado. Y de los hermanos Uribe Vélez, por el otro. Pero también fue adquirida después por los hermanos Villegas Uribe.

Pero no solo el testimonio del exguerrillero establece esto. La declaración del paramilitar Pablo Hernán Sierra García —alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá— establece que “el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe”.

De ese grupo, uno de sus miembros fue presidente de la República y ahora es investigado por manipulación de testigos y fraude procesal. Su hermano —el señor Santiago Uribe— se encuentra investigado por la creación de grupos de autodefensas. Los hermanos Gallón Henao han sido encontrados culpables por paramilitarismo y narcotráfico. Luis Alberto Villegas Uribe estuvo preso por concierto para delinquir y después fue asesinado por otro grupo paramilitar, y su hermano Juan Guillermo ha sido presentado como un empresario y ganadero. Pero en realidad es una persona que ha estado vinculada al paramilitarismo desde finales de los 90 y que ha ayudado al expresidente Uribe Vélez con la estrategia de manipulación de testigos en su contra.

Evidentemente, nada de eso fue incluido por los investigadores del CEVAP en el reporte que presentó la Fiscalía, explicando el nacimiento del Bloque Metro.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com