Por: Yesid Reyes Alvarado

Amnistías, indultos y libertades

EL DESPARPAJO TIENE LÍMITES; UN vicepresidente de la República no puede afirmar públicamente que es lo mismo un indulto que una excarcelación.

Sin embargo, la desafortunada frase sirve para revivir una discusión planteada por la Corte Suprema cuando en una decisión de 2007 afirmó que el paramilitarismo no puede ser entendido como delito político en cuanto sus autores no tienen fines altruistas, porque ello conduciría a que en virtud de amnistías o indultos quedaran impunes delitos como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro o la desaparición forzada, y por el hecho de que su actividad contó con apoyo institucional.

No comparto ese criterio, puesto que las nobles intenciones no son un requisito legal exigido para que se configuren los delitos políticos, sino tan sólo la razón de ser para que reciban un tratamiento punitivo más benigno.

Tampoco es cierto que cuando se le reconoce a alguien su condición de sedicioso o rebelde, una eventual amnistía o indulto cubra todas sus actuaciones al margen de la ley; desde finales del siglo XIX la legislación y la jurisprudencia colombianas han sido constantes en señalar que esos beneficios no cobijan conductas como el narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la tortura o el desplazamiento forzado, para citar sólo algunos ejemplos. Eso permite que una persona pueda ser beneficiada con un indulto en razón de su condición de sedicioso, y que simultáneamente deba responder penalmente por crímenes como los acabados de mencionar.

En cuanto al apoyo institucional que habrían recibido los paramilitares, creo que no debe ser entendido en el sentido de que el Estado respaldaba sus acciones, porque eso eliminaría la ilicitud de sus conductas; lo que sí puede afirmarse es que personas vinculadas a las instituciones apoyaron a esos grupos armados al margen de la ley, circunstancia que no hace desaparecer el delito político, sino que convierte a esos funcionarios en coautores o cómplices del mismo.

Si se hubiera admitido desde el comienzo que los paramilitares son responsables del delito de sedición porque mediante el uso de las armas pretendieron impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente, quienes fueron combatientes rasos habrían podido ser beneficiados con una amnistía o indulto general siempre que no hubieran cometido delitos de la gravedad de los ya citados, mientras aquellos que en otros niveles participaron en operaciones tales como secuestro, narcotráfico o terrorismo, si bien hubieran podido ser amnistiados como sediciosos, habrían respondido penalmente por estas últimas conductas.

Como la comentada decisión de la Corte Suprema es aplicable sólo al caso concreto en el que se dictó, sigue abierta la posibilidad de que su criterio sea revisado de manera que permita una clara distinción entre la actividad de las bandas criminales (concierto para delinquir), la de los paramilitares que por limitarse a perturbar el funcionamiento de las instituciones (como sus combatientes rasos) pueden ser beneficiados con amnistías o indultos, y la de quienes al amparo de esa idea cometieron delitos por cuya gravedad deben responder penalmente.

 

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