Por: Alejandro Reyes Posada

Anatomía del voto por la guerra

Colombia ha aprendido a convivir con la guerra, y aun a progresar mediocremente, porque los ganadores son más poderosos que quienes la padecen y porque la creciente clase media urbana no es consciente del costo en bienestar humano y crecimiento que supone cargar con el peso del conflicto armado.

El principal beneficio para las élites territoriales ha sido usar el argumento de la infiltración guerrillera para descabezar los movimientos sociales en busca de reforma agraria, laboral o social, e impedir así el cambio que requiere el país para modernizarse. Las guerrillas han sido funcionales al sistema de acumulación violenta y mafiosa de nuestra sociedad y ahora ese país privilegiado y emergente quiere abortar el final del conflicto y prolongar el desorden de la guerra para seguir ganando terreno.

La guerra ha creado un poderoso aparato armado privado, que vive una bonanza de la industria de la seguridad. La seguridad privada, ahora en manos de bandas criminales, ha pasado a capturar rentas de negocios ilegales y extiende sus redes para capturar los recursos públicos. Todos estos negocios requieren, como el pez el agua, la continuación de la guerra de guerrillas, sin las cuales perderían el clima favorable para progresar.

La expansión guerrillera de los años ochenta afectó a los grandes propietarios y redujo el valor de la tierra, pero la reconquista paramilitar permitió una masiva transferencia de tierras a manos del narcotráfico, la corrupción y los grandes rentistas, que recuperaron su valorización acelerada. Los señores de la guerra se volvieron los señores de la tierra. Con la paz, estas capas propietarias, viejas y emergentes, tendrían que renunciar al monopolio rentista de la tierra en beneficio de los despojados, las minorías étnicas y los campesinos, que perdieron la guerra.

En las regiones donde predominan economías ilegales, la generación de empleo e ingresos está unida a tareas de seguridad, producción y tráfico, que son un canal de ascenso económico y social. En el posconflicto con las guerrillas, esas economías tendrían que transformarse en actividades formales y ajustadas a la ley, y las capacidades requeridas para los empleos cambiarían a favor de los mejor preparados y las empresas más competitivas. La adicción a las rentas de la ilegalidad opera como un poderoso incentivo para oponerse a la paz con las guerrillas, que permitiría al Estado concentrarse en combatir las economías ilegales.

Todos estos grupos que progresan con la guerra aprovechan el delirio vengativo de Álvaro Uribe para unirse a una gran coalición contra el proceso de paz, cuyo replanteamiento a mitad del camino, con exigencias de rendición, sólo precipita su ruptura irremediable. Han conformado un bloque de talante autoritario, que apela al odio popular contra las guerrillas para bloquear la reconciliación de la sociedad. En el otro extremo, liderada por Juan Manuel Santos, una coalición modernizante quiere terminar la guerra y hacer las reformas sociales indispensables para transformar a Colombia en una sociedad más igualitaria y democrática, para que despliegue su verdadero potencial. Nunca ha sido más clara la disyuntiva entre dos candidatos presidenciales y nunca la ética ha pesado tanto en una elección.

 

*Alejandro Reyes Posada

 

 

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