Por: Alberto López de Mesa

Antipolítica de drogas

Una escena frecuente en los parques urbanos: dos policías en moto llegan de improviso, abordan a un grupo de jóvenes que departen desprevenidos, el oficial de mayor rango alista un talonario de comparendos mientras el otro exige que descarguen todo lo que tengan en los bolsillos, capcioso les escrutan rostros y manos, revisan las billeteras, buscan en el prado, hasta que hayan la evidencia: una pipita de bambú tacada con marihuana. El del talonario desenfunda su lapicero y sentencia: “Por consumir estupefacientes en espacio público la multa para cada uno es de $197.000 y al que se le encuentre el pucho de hierba, se presume que es el vendedor y su comparendo será de $787.000, a riesgo de ser judicializado según el tamaño de la porción.”

Vale decir que por lo rutinario, ambas partes trascienden la contravención; los usuarios de drogas ilícitas se aperan de artefactos que disimulan el consumo en público, portan solo la porción para el momento y bien encaletada, por su parte los policías tienen caracterizados a los infractores de su cuadrante y harán transacciones con los que tengan dinero en efectivo; al final de cada semestre universitario, es buen tiempo para capturar estudiantes consumidores de psicoactivos, los amenazan con detenerlos por 24 horas en el CAI o en la UPJ y el muchacho, en exámenes finales, se apura a llamar a un pariente que pague el chantaje.

En las principales ciudades del país, en lo que va del siglo, ha aumentado considerablemente el consumo de drogas ilícitas, lo cual, según dice el Fiscal General (con argumentos más políticos que técnicos), obedece al subrepticio marketing que hacen las bandas del narcomenudeo en los barrios y en los centros educativos. Académicos ponentes en la Comisión de Estupefacientes realizada en Viena el pasado mes de marzo, consideran que en las sociedades actuales, consumistas, mediáticas y globalizadas, las nuevas generaciones adoptan personalidades ávidas de emociones y estímulos sicosomáticos; de este lado, la organización Temblores de la coalición Acciones para el Cambio, dado que el aumento de la tasa de consumo lo dan las mediciones en sectores populares, reconoce como causa de este auge de consumidores de sustancias psicoactivas a los vacíos existenciales y afectivos que deja en los jóvenes la angustia por el acceso a la educación, al mercado laboral y al ascenso social, también se debe admitir que contra el desencanto está el hedonismo como opción liberadora.

Cual sea la causa, las cifras son de pandemia, ya es un hecho social que deberían afrontar transversalmente los ministerios, de Salud, Educación, Cultura, Trabajo e Interior, pero el presidente Iván Duque, desde que se posesionó, decidió volver a la fórmula ya superada del tratamiento policíva. La criminalización administrativa de personas usuarias de drogas y la persecución de los eslabones más bajos de la cadena de producción generó el decreto 1801 de 2018 que faculta a la Policía para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público. La medida, nociva para los derechos humanos, con el reciente refunfuño de Donald Trump por la cantidad de cocaína colombiana que en estos dos años ha entrado a EEUU, será más incisiva (por obediencia y lambonería con el imperio.)

Más dramático en las zonas de cultivo y producción, donde las comunidades y el territorio ya padecen las letales consecuencias de la fumigación con glifosato (Está demostrado el aumento de abortos en los municipios cercanos a las aspersiones), los peligros de la erradicación forzosa ya que las bandas de narcotraficantes asesinan a los líderes que apoyan el programa de sustitución de cultivos y peor a los que vean practicando la erradicación manual de las matas de coca.

Uno supondría que la oposición a la antipolítica de drogas debería tener líderes visibles en los partidos alternativos, pero es tan fuerte la carga moral y el miedo inculcado en la conciencia colectiva del común, que el político que asuma los derechos del consumidor de SPA como tema de su campaña se arriesga a la satanización desde las sectas religiosas y al señalamiento moralista de los grupos radicales, es decir a ser discriminado por los electores de la clase media. Ya está visto que ningún candidato a gobernaciones y alcaldías tiene el asunto en su agenda programática.

Las propuestas desarrolladas en los acuerdos de la Habana, abordan el asunto de modo integral y humanizado, conveniente para la salud y la dignidad de los usuarios de sustancias, para la transición hacia una sustitución de cultivos, para la protección del suelo, de la fauna, de la flora y de las aguas, en las selvas y parques naturales hoy afectados por los cultivos ilícitos. Pero este gobierno hará caso omiso de todo lo que huela a acuerdo de paz.

Todo el mundo sabe que las verdaderas soluciones a este fenómeno social están en la ruta de la legalización, pero hasta los más progresistas consideran políticamente incorrecto proponerlo en este momento. El oscurantismo impera.

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