Por: Cristo García Tapia

Aplausos para el Consejo de Estado

Ni podrido. Ni vendido. Ni hipotecado a la corrupción. Ni cooptado por mafias, clanes y bandas criminales. Ni dominado por los carteles de diferente denominación que han hecho de la toga el símbolo contemporáneo del desdoro.

En ese vasto continente que es la Justicia colombiana y sus múltiples instancias, divisiones y dependencias, quedan ínsulas e islotes, protegidas radas que se mantienen firmes frente a los cada vez más intensos sacudimientos de los tornados que han dado en asolarla.

Resistiendo el embate del oleaje corruptor y de los vientos cerreros que porfían por su arrasamiento y naufragio en los miasmas en los que fondean los restos de las dos carabelas que, conjuntamente con la Justicia, conforman la trinidad, ya non sancta, de los poderes públicos sobre los que se asienta, hace cumplir las leyes, legisla y aplica la ley el Estado en Colombia.

Tras explotar hasta agotar, secar, evaporar, nuestros recursos mineros, no renovables ninguno, causar daños ambientales irreparables, no pagar en la proporción correspondiente ni observar  equidad en su valor con otros países de la región, ahora viene a comprobarse que, por tan siniestra hazaña de la confianza inversionista, a las compañías privadas que la llevan a cabo, los colombianos, porque es plata de todos los colombianos, acabamos pagándoles, regalándoles, con el beneplácito de la DIAN, billonarias sumas, al permitirles deducir los pagos de regalías de sus impuestos.

Que, sin perjuicio de que el recurso minero explotado se comercialice, están obligadas a pagar las compañías que se dedican a su aprovechamiento en los diferentes sectores y áreas de la minería extractiva colombiana.

Cuanto se ha consumado con el favorecimiento oneroso que la DIAN les ha venido otorgando a las mineras privadas, tanto locales como extranjeras, cabe en la semántica jurídica del detrimento patrimonial gravoso contra el interés público, el bien común, la nación, el Estado, o cual fuere el denominador que los jueces tengan a bien para calificar el daño, irreparable también, que implica regalar la plata sagrada de nuestros tributos, impuestos, rentas, a quienes, so pretexto de inversión para generar crecimiento y desarrollo, expolian nuestros recursos naturales no renovables de manera ilícita, inmoral e irresponsable.

Y por ahí, por la vía criminosa de evadir el pago de los impuestos y tributos por los cuales están obligados, condenan a la desatención en salud, educación, agua potable, alcantarillado, a millones de pobres colombianos, cuya sobrevivencia depende de los impuestos que pagamos sus compatriotas.

Reparar públicamente ese daño colectivo, altamente lesivo a la dignidad y el respeto debido a Colombia, resarcir con creces a todos los colombianos, especialmente a los humillados, despojados y excluidos de todo, con cargo y a costas de quienes lo causaron, era imperativo de lesa patria que estaba por ejecutar nuestra Justicia.

Y a fe que el Consejo de Estado, en cumplimiento de sus funciones y haciendo valer el principio inalienable y prevalente del interés público sobre cualquier otro de naturaleza particular, ha considerado anular el “concepto expedido por la DIAN en 2005” que permitía que la “empresa privada dedujera los pagos de regalías de sus impuestos”.

En medio del desdoblamiento moral y ético en el que ha devenido en estos tiempos nuestro Poder Judicial, es de aplaudir, admirar y proclamar como un grito de dignidad nacional, autonomía e independencia, ese precedente del Consejo de Estado de recuperar para los colombianos  impuestos y tributos por concepto de regalías, expoliados a la nación para el provecho y beneficio de particulares.

Ahora queda esperar que la Contraloría General de la República proceda en consecuencia y conforme su misión, recupere para los colombianos lo apropiado ilícitamente por el zarpazo tributario que ha permitido que las empresas mineras dedujeran los pagos de regalías de sus impuestos.

¡¡¡Aplausos para el Consejo de Estado!!!

* Poeta.

@CristoGarciaTap

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