Por: César Ferrari

Aprender de la historia

Desde los años 80 se creía que para que la economía creciera aceleradamente había que reducir los impuestos y privatizar las empresas públicas. Así, esos recursos serían invertidos y manejados por el sector privado más eficientemente. Tal reducción implicaba disminuir el gasto público, a pesar de que se postulaba la universalización de los derechos económicos fundamentales. Para hacerlo posible, había que liberar los mercados, abrirlos a la competencia internacional y permitir su autorregulación. Y si la estrategia generaba poca ocupación y concentraba ingreso, del gasto público reducido debía subsidiarse a los pobres.

Los resultados colombianos de dicha estrategia fueron mediocres y se resumen en un crecimiento reducido de los ingresos per cápita y una grave inequidad en la distribución del ingreso. Según el Banco Mundial, a poder de paridad de compra, es decir eliminados los sesgos de precios, entre 1990 y 2016 el PIB per cápita en Colombia aumentó 1,7 veces, de 7.534 dólares a 13.124. Mientras tanto, los chinos con una estrategia distinta crecían aceleradamente (como antes lo hicieron coreanos y japoneses): en ese periodo el PIB per cápita chino aumentó 9,4 veces, de 1.526 dólares a 14.401. A  su vez, en 2012 mientras en Colombia el Gini de distribución del ingreso era 53,5, en Corea era 31,6 y en China, 42,2 (a mayor Gini peor distribución).

Las razones son múltiples: en primer lugar, sin ingresos fiscales suficientes no se pudo construir las carreteras y la infraestructura necesaria para conectar los mercados internos y acceder a los mercados internacionales de manera eficiente, ni para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Tampoco se pudo ofrecer en forma adecuada educación, salud y otros bienes públicos, ni la institucionalidad que garantizara derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y ocupación estatal del territorio.

Segundo, los productores de bienes y servicios transables, exportables o importables, tuvieron que enfrentar la competencia internacional sin protección arancelaria ni cambiaria, y, al mismo tiempo, pagar precios elevadísimos comparados a los que pagan sus competidores externos por los servicios financieros, de comunicaciones, transporte y comercialización internos. Estos precios son consecuencia de la falta de competencia internacional por corresponder a bienes y servicios no transables, así como de las ineficiencias existentes en los mercados respectivos, por ejemplo “competencia monopolística en los mercados de créditos y casi cartel en los mercados de crédito de consumo”, como señala el Banco de la República.  La regulación fue incapaz de superarlas.

La desprotección cambiaria fue la consecuencia de precios internacionales elevados de las materias primas exportadas que al proporcionar divisas abundantes, aumentadas por la venta internacional de las empresas públicas, generaban revaluación que, además, dados los costos financieros locales elevados, inducía a las empresas grandes con acceso a los mercados de créditos internacionales a financiarse en ellos importando más divisas que revaluaban más aún la tasa de cambio. Y cuando los precios internacionales del petróleo y el carbón se redujeron y originaron devaluaciones cambiarias significativas, como en la actualidad, los productores continuaron pagando precios elevados por los servicios básicos. 

Así, era imposible que las empresas productoras de bienes y servicios transables distintos a las materias primas, que enfrentaban precios de venta reducidos y costos de producción elevados, fueran competitivas en los mercados domésticos e internacionales para vender y producir más. Y como no eran competitivas tampoco eran rentables; es decir, capaces de generar utilidades elevadas. En consecuencia, la tasa de ahorro de la economía es reducida y, por lo tanto, la tasa de inversión también. Según el Banco Mundial las tasas colombianas de ahorro e inversión para los años 1990 y 2014 fluctúan alrededor de 20 por ciento mientras que las chinas alrededor de 40 por ciento en 1990 y 50 por ciento en 2014.

Los beneficiarios de la estrategia fueron los productores de petróleo, carbón y servicios no transables; los perjudicados, los demás. El problema es que los primeros son intensivos en capital y no generan ocupación suficiente: la tasa combinada de desempleo y subempleo en Colombia fluctúa entre 35 y 40 por ciento de la población económicamente activa.

Más de 25 años después, como si la historia no hubiera ocurrido, se pretende que en un mundo globalizado, con nuevas tecnologías que apuntan a la casi cancelación de esas materias primas, la economía colombiana alcance tasas elevadas de crecimiento reduciendo los impuestos  a las empresas sin aumentarlos a sus dueños, como se intenta en el mundo disparatado de Trump e intentó su antecesor Reagan (en el mundo desarrollado los impuestos que pagan los dueños son mayores que los que pagan sus empresas), y que esa reducción sea compensada con más eficiencia recaudatoria. Por supuesto, organismos y supervisoras de riesgo internacionales (y economistas no ideologizados) no creen en esa estrategia: saben que aumentaría el déficit fiscal y con ello la deuda pública.

Parece que no aprendemos de la historia: sin competitividad elevada que permita vender internacionalmente, y sin aumentos significativos de las tasas de ahorro e inversión que permitan una expansión acelerada de la capacidad de producción, son imposibles tasas elevadas de crecimiento, mejoras en la ocupación y en la distribución del ingreso. Bien lo decía Einstein: pretender resultados distintos haciendo lo mismo es absurdo. 

* Ph.D. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.

 

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