Aprendices subsidiados para la reactivación económica

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Crear variedad del contrato de aprendizaje para enfrentar desempleo juvenil y apoyar mipymes y tercer sector.

La idea es sencilla, con un trasfondo fuerte: subsidiar aprendices por un año, incluyendo empresas e instituciones sin fines de lucro de menos de 15 trabajadores. Con esto se fomentaría el empleo juvenil y el fortalecimiento del tejido empresarial y del tercer sector.

Actualmente, los aprendices son una obligación para empresas con más de 15 trabajadores. Por cada 20 empleados hay un aprendiz, que recibe durante la etapa lectiva 50% del salario mínimo y en la etapa productiva, 75%. Cada etapa de seis meses para técnicos y tecnólogos, y de tres meses para operarios.

Las empresas tienen la opción de pagarle al Sena por no recibir los aprendices, que pueden ser de un amplio número de instituciones. Al año, más de 20.000 plazas de aprendices caen en esta figura (“monetización”) por distintas razones, incluyendo perfiles inadecuados para algunas industrias.

La idea de subsidiar aprendices está en la misma Ley 789 de 2002, pero acotada a los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare (art. 30). Y la idea de subsidiar el empleo también, acotada a pequeñas y medianas empresas que enganchen cabezas de hogar desempleadas, adicionales y por un salario mínimo, con prioridad para las zonas rurales y de modo temporal (art. 2).

Hasta aquí el argumento es obvio: adecuemos el contrato de aprendizaje como instrumento “contracíclico”. Menos obvio es cómo se financiaría. Diríase que con una parte de lo que actualmente subsidia el “no trabajo”.

Si probamos canalizar recursos a miles de jóvenes a través de empresas y organizaciones del tercer sector, vía contratos de aprendizaje por seis meses prorrogables, tal vez descubramos múltiples beneficios sociales y económicos que no tienen las transferencias monetarias simples.

Esto es un mensaje para los partidarios de la renta básica universal (RBU), que es una idea internacional: si se pudiera hacer el giro mensual de la suma de subsistencia a cada habitante, mejor sería que a los mayores de edad se les girara por intermedio de una empresa u organización donde se ganen el cheque.

Si cualquier sociedad generara los fondos suficientes para la RBU, podría decidir si asegura la subsistencia a todos sus miembros a través del trabajo (subsidio al empleo) o del “no trabajo”. La escuela de la RBU está decidida por el “no trabajo” a costillas de una parte que trabaja.

En esta orilla creemos que “el trabajo dignifica”. La imaginación con los recursos públicos (en buena medida inexistentes) busca fórmulas para unir responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, y resolver problemas financieros del presente con compromisos del futuro.

Los aprendices subsidiados pueden combinar financiación pública (50% del salario mínimo) y privada (25%), disminuir la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, impulsar mayor pertinencia de la educación terciaria, ayudar a la formalización y reactivación de las mipymes y organizaciones sin fines de lucro, y fortalecer la ética del trabajo, con una fracción del gasto que ya estamos haciendo.

Habría que modificar la Ley 789 de 2002, pero los tiempos de la reactivación apremian. Qué útil sería un fast track legislativo o medírsele a la tercera emergencia económica y social posible.

@DanielMeraV

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