Aprendizajes electorales de México

Por invitación del Instituto Electoral de Ciudad de México tuve la oportunidad de observar el proceso electoral que concluyó el pasado domingo. Son muchos los hechos que merecen ser resaltados. Los más obvios son la contundente victoria de Manuel Andrés López Obrador, quien no solo le ganó por una muy holgada ventaja a sus contrincantes, sino que llevó al PRI, partido que gobernó a México continuamente desde 1929 —con excepción del 2000 al 2012—, a su mayor derrota en la historia del país y a ocupar un muy modesto tercer lugar.

Después de dos intentos, López Obrador llegó a la Presidencia a nombre de Morena, un partido creado hace apenas cuatro años. De acuerdo con analistas políticos de ese país, estos resultados obedecen a un rechazo ciudadano a los partidos políticos tradicionales, en los que ven unos aparatos anquilosados, incapaces de responder a las necesidades sociales y económicas de amplios sectores. Además, los acusan de ser copartícipes de la corrupción y del abuso de poder, entre otros males. No en vano en su primer discurso como presidente electo,éeste afirmó que “la corrupción no es un problema cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Esta es la principal causa de la desigualdad social y económica y de la violencia”.

Muy destacable, aunque menos conocida, es la institucionalidad electoral mexicana. El país cuenta hoy con un conjunto de organismos electorales robustos, eficaces, eficientes y transparentes que pueden servir de ejemplo para muchos países, entre ellos Colombia. Esto es el resultado de una serie de reformas constitucionales y legales que han buscado devolverles la confianza a los ciudadanos en las elecciones, garantizar la equidad, el pluralismo, la inclusión política y social, y blindar estos procesos de acciones fraudulentas.

Los principales organismos son el Instituto Nacional Electoral (INE) , el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Entre muchas cosas, se deben resaltar la independencia de estos organismos con relación a las organizaciones políticas y los gobiernos nacional y estatales; la coordinación interinstitucional entre las tres entidades; los recursos financieros, administrativos, humanos y tecnológicos con los que cuentan, lo cual les garantiza actuar con celeridad y autonomía —por ejemplo, el INE tiene 33 sistemas informáticos propios que son permanentemente auditados por las principales universidades del país—, y la transparencia de sus actuaciones, que se rigen por estrictos parámetros del gobierno abierto y acceso a la información, lo que les permite a los ciudadanos seguir en tiempo real los escrutinios, además de las sesiones de los consejeros y magistrados.

A todo esto se suman políticas conducentes a lograr igualdad y equidad de género en materia política, por ejemplo, la paridad en los órganos de elección popular, como el Congreso y las instituciones electorales, y para alcanzar los mayores niveles de inclusión de grupos con necesidades físicas especiales y minorías étnicas y sexuales.

El motor de todos estos cambios ha sido la convicción de que una democracia sólida necesita de un andamiaje electoral igualmente fuerte. Pero ante todo, que genere confianza y que les permita a los ciudadanos recuperar la credibilidad en la política. México está dando pasos muy importantes en esta dirección.