Apretar la prensa

POCO A POCO LOS GOBIERNOS DE IZquierda en América Latina han ido ganando su pulso contra los medios de comunicación.

La estrategia es desprestigiar a esos poderosos pulpos tira tintas, llevar la suspicacia del lector o el televidente hasta los extremos de la paranoia, magnificar los poderes de los “grandes conglomerados” y pararlos palmo a palmo frente a un gobierno vituperado. Chávez ha hablado mil veces del “veneno” que destilan los “medios apátridas” y ha ido algo más allá de las simples palabras. Correa dijo hace poco, con el tono mesurado del educador: “Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos”. Evo, algo más atrevido, propone la creación de un Consejo de Derechos Humanos del ALBA y pone las imprentas y las cámaras de televisión como unas de las plagas a combatir: “Son medios de comunicación de la derecha, dirigentes de las oligarquías, algunos medios sólo ven la plata, si les das plata suben la encuesta y te hacen ganar”.

Hasta ahora Colombia se ha librado con relativa tranquilidad del combate entre Gobierno y medios. Uribe trinó su estribillo de costumbre contra Hollman Morris y Jorge Enrique Botero por el cubrimiento de la entrega de los militares en febrero de este año: “Cómplices del terrorismo”, los llamó. Incapaz de diferenciar entre el oportunismo más o menos barato y el delito. Pero se trataba más de un pleito privado que de una condena a los medios en general. Lo demás ha sido llamar frívolos a algunos directores y columnistas por su gusto por el whisky y la cháchara.

Sin embargo, todo el alboroto que causó la salida de Claudia López de El Tiempo, sumado al tragicómico espectáculo de los noticieros de los canales privados y su parrilla de ‘capos’ en las noches, ha despertado en algunos sectores las ansias de un escarmiento para el “poder desmesurado de los medios”. En recientes foros sobre la libertad de opinión, fue normal oír voces del auditorio y la mesa principal pidiendo herramientas para obligar a periódicos y canales de televisión a cumplir con sus obligaciones.

La reciente aprobación de la Ley de Medios en Argentina, tal vez la más sutil de las andanadas del populismo contra la prensa en América, puede entregar lecciones sobre el peligro que supone un catálogo de orden y comportamiento para los “servicios audiovisuales”. La ley surge supuestamente de una iniciativa ciudadana para democratizar la radio y la televisión, y hacer más plural el ejercicio de la información. Pero termina resolviendo un pulso entre el gobierno de los Kirchner y el grupo Clarín. Y entregándole a un órgano oficial la posibilidad de repartir premios y castigos (renovación o revocatorias de licencias) a los dueños de las emisoras, los canales de televisión abierta y los “cableros”. Un filósofo argentino llamado Tomás Abraham resume bien los riesgos de la ingenuidad bien intencionada: “Hay algo que le toca en el talón de Aquiles a cierto progresismo, que tiene una idea del Estado como si fuera un ángel con un arpa”.

Pero el Estado cambia siempre el arpa por la regla del maestro despótico. Y los Kirchner ya han hecho el trabajo político para conformar la “autoridad de aplicación” de la ley. Señalarán qué medios ayudan a la “ampliación del pluralismo”, sostendrán las emisoras comunitarias con la pauta oficial, desintegrarán los grandes “monstruos mediáticos” para enfrentar engendros más dóciles. En asuntos de gobierno y prensa tal vez sea mejor aplicar la sentencia de Juan Cebrián: “La mejor ley de prensa es la que no existe como tal”.