Por: Pascual Gaviria
Rabo de ají

Aquel 1994

En junio de 1994 murieron 378 personas asesinadas en Medellín. Ese año mataron en promedio a 13 personas cada día en la ciudad. En septiembre, luego de una semana con más de 90 homicidios, el comandante de la Policía de Medellín, Luis Ernesto Gilibert, dijo que no se podía hablar de una nueva guerra en la ciudad. “Si así fuera, serían totalmente claros los móviles y los blancos a los que son dirigidos los ataques”. Habló de venganzas, riñas y ajustes personales. Todavía quedaban secuelas de la guerra contra el narcotráfico, “pero se respira otro ambiente en la ciudad”, concluyó. Y dijo que después de las elecciones de octubre se buscaría levantar, con las autoridades militares, la restricción al porte de armas para civiles porque era una medida desgastada.

Pero los civiles armados se contaban por miles sin importar las restricciones oficiales. Ese año el consejero presidencial para Medellín, Jorge Orlando Melo, hizo un sombrío diagnóstico unos días después de dejar su cargo: “Ninguna sociedad debe tener asesinos, y cuando tiene unas cuantas decenas es preocupante, y si tiene unos centenares algo muy grave tiene que estar ocurriendo: pero en Medellín, repito, son unos cuantos miles, y unos cuantos miles los secuestradores y los que hacen uso de la violencia”. La muerte de Pablo Escobar había creado un desmadre tal que las masacres llegaron hasta el Barrio Mesa en Envigado, un fortín intocable para el capo, un corral de quietudes obligadas.

A finales de mayo de ese año se intentaba bajarle el calor a la ciudad. Una semana antes de que la selección Colombia partiera hacia el Mundial de Estados Unidos con un elocuente titular de El Colombiano como despedida, “En pos de un sueño”, se firmó el “Acuerdo final para la paz y la convivencia, Gobierno nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín”. Estaba lista la reincorporación a la vida civil de 843 milicianos que actuaban sobre todo en las comunas del nororiente o noroccidente de la ciudad. Eran jóvenes sin formación ideológica y con autonomía para ejercer la violencia en sus tareas de “vigilancia barrial”. Muy pronto muchos de ellos formaron la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom). De modo que la reincorporación fue solo la compra de uniformes para 306 jóvenes que ahora patrullaban con revólveres calibre 38 y escopetas calibre 12 con amparo de las autoridades. La fuerza parapolicial de la ciudad llegó al 25 % del tamaño de la policía, según datos del informe Medellín: memorias de una guerra urbana.

Al final de su gobierno César Gaviria firmó el Decreto 356 que autorizó la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). En octubre, Álvaro Uribe le ganó la Gobernación por menos de 5.000 votos a Alfonso Núñez, candidato de Fabio Valencia Cossio. El tercer lugar fue para Jorge Mesa con más de 100.000 votos; el exalcalde de Envigado y hombre cercano a Pablo Escobar durante años de vida política obtenía su mayor votación luego de la muerte de su padrino.

Con Álvaro Uribe en la Gobernación las Convivir se convirtieron en la principal herramienta de seguridad. En Antioquia operaban 82 y en el área metropolitana había 31 prestando sus servicios. La Convivir El Cóndor recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 firmada por el gobernador Uribe Vélez. Ejercía labores en los municipios de Cisneros y San Roque bajo el liderazgo de Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao. Apenas dos años y medio antes, el 2 de julio de 1994, esos dos personajes, con una larga historia mafiosa, habían tenido un papel protagónico en el asesinato de Andrés Escobar, uno más de los 4.777 ciudadanos asesinados ese año en Medellín.

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