Por: Nicolás Uribe Rueda

Aquí y allá

La terrorista de ETA Inés del Río Prada fue liberada esta semana con ocasión de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según la sentencia, que echa abajo la doctrina Parot impulsada por el Tribunal Supremo de España, las reducciones de la condena se deben hacer sobre la pena individual máxima autorizada (30 años) y no sobre el total de tiempo que establece la sumatoria de todas las condenas existentes. Del Río, que estaba presa desde 1987, había sido encontrada culpable de múltiples homicidios y atentados terroristas y por ello fue condenada a 3.828 años y un día de cárcel. Con la doctrina Parot, la terrorista debería haber sido liberada en 2017 y sin ella, en 2008.

Así las cosas, el Estado español le salió a deber a esta homicida, y el Tribunal de Estrasburgo condenó al Reino de España a pagarle a la recién liberada algo más de 30.000 euros como indemnización por los cinco años de más que permaneció en prisión.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, y principalmente desde la ciudadanía y las asociaciones de víctimas del terrorismo, se ha levantado una sonora voz de protesta en contra de la impunidad y en favor de la dignidad de las víctimas y su memoria, que seguramente tendrán que asistir a otras cincuenta y tantas liberaciones más en iguales circunstancias.

Lo que pase con Eta y sus actividades terroristas aún está por verse luego de dos años desde que se anunciara el cese de las actividades terroristas sin que hubiese habido desarme. Pero lo grave es que el Estado, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión, permite el deterioro del andamiaje institucional que ha permitido reducir al grupo terrorista a su mínima expresión y así salvar la vida y bienes a miles de personas.

En los ochenta, durante el gobierno socialista de González, los famosos GAL deslegitimaron al Estado en su lucha antiterrorista por cuenta del uso de grupos paramilitares. Más tarde, con ocasión del famoso proceso de paz impulsado por Rodríguez Zapatero, se suspendió primero la ley de partidos que permitía la ilegalización de los movimientos políticos vinculados a organizaciones terroristas y posteriormente se permitió que Sortu, organización política de Eta heredera de Batasuna, participara nuevamente en la contienda electoral. Esta semana, por orden judicial, concurrimos a la liberación anticipada de uno de muchos confesos asesinos. No está lejos la faena legitimadora discursiva que suele suceder a estos acontecimientos: “Es la sociedad la que está en deuda con aquellos que han contribuido a cambiarla”, dice Harrera Elkartea, organización de exconvictos de la banda terrorista.

Es satisfactorio pensar que el éxito de las organizaciones terroristas en la búsqueda de sus objetivos es cada vez menos posible por cuenta de sus extorsiones, atentados y demás actividades criminales. Sin embargo, resulta aterrador saber que su fortaleza proviene cada día más de la irresponsabilidad de los gestores del Estado.

Si no, miremos lo que acaba de pasar en nuestro entorno con el fuero penal militar, en donde podría uno decir: summum ius, summa iniuria. Como vemos, no es muy distinto lo que pasa aquí de lo que pasa allá.

 

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