Por: Nicolás Uribe Rueda

Arbitrariedad y corrupción

Ahora, que se actúa con tanta diligencia para destituir policías por mandar impropios mensajes a través de sus dispositivos móviles en época electoral, vale la pena plantear la necesidad de que tanta diligencia se oriente a cosas más importantes, como por ejemplo perseguir la corrupción.

La semana pasada fui testigo de uno de esos abusos que parecen no preocupar a las autoridades. Es paradójico. Mientras miles de policías están dispuestos a ofrendar su vida por defender la de sus compatriotas, otros, y particularmente aquellos que se dedican a las labores de control de tránsito, con frecuencia se comportan como delincuentes motorizados al acecho de sus víctimas.

En un lugar sin prohibición para parquear, un policía de tránsito intentó llevarse un vehículo por cuenta de presunto abandono. A los pocos minutos apareció su dueño y presentó los papeles de propiedad del vehículo en disputa. Como intuyendo lo que pasaría, se trepó en la grúa y pidió al policía bajar el carro, pues así lo manda el ordenamiento jurídico. Al ver lo que estaba sucediendo, empecé a grabar. Nada pareció irritar más al uniformado. Furioso, quiso indicarme que los ciudadanos no tienen derecho a vigilar el comportamiento de las autoridades y decidió vengarse. Ordenó iniciar la marcha. Durante algo más de dos cuadras, la grúa transitó con el propietario del vehículo parado sobre su plataforma, hasta que se detuvo frente a una señal de prohibido parquear, donde empezó a tomar fotos al vehículo para aparentemente falsear las condiciones de la supuesta infracción cometida. Tardó una hora en superarse el impasse y el arbitrario patrullero se marchó apremiado por la existencia del video y la presión de varios ciudadanos que estuvieron dispuestos a testificar en contra del abuso policial.

Desde entonces, he contado este cuento y mostrado el video varias veces. Y fui ingenuo. Aquello que pensé era algo excepcional me convirtió en tonto al comprobar que a todos los que importuné con esta historia habían pasado por experiencias similares. Así, por ejemplo, aprendí que uno no debe entregar los papeles a la autoridad de tránsito antes de fotografiarlos, porque desde un tiempo para acá parece que los agentes son especialistas en embolatar el SOAT después de haberlo recibido. Contado por la propia víctima, supe la historia de quien fuera acusado del delito de falsedad en documento público y detenido durante cuatro horas en un CAI cuando a la licencia de conducción del vehículo que manejaba equivocadamente adjuntó un pase de moto expedido en 2002, que a juicio de la Policía no era legal. A este incauto le sugirieron cancelar un viaje a Panamá al día siguiente, lo amenazaron con llevarlo a una URI y le dijeron que solo 36 horas después podrían legalizarle la captura. Al dejarlo libre, luego de que no hubiera oferta alguna para “arreglar la situación”, le hicieron firmar un libro donde tenía que manifestar que todo el procedimiento había sido ejecutado conforme a lo que la ley ordena.

La Policía tiene retos enormes y recursos limitados para combatir eficazmente delitos y nocivos comportamientos ciudadanos. Para lograr este propósito es también indispensable combatir los abusos policiales.

 

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