Áreas protegidas y biodiversidad

EL PASADO PRIMERO DE JULIO SE sancionó el decreto 2372, que reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), precisa y regula sus diversas categorías, establece objetivos, criterios, directrices y procedimientos para su establecimiento y ordenamiento y define mecanismos para su coordinación. Implementar el decreto es un reto para el propuesto Ministerio del Ambiente.

El aporte legal es importante y el cambio climático (CC) nos obliga a multiplicar esfuerzos, si queremos conservar buena parte de nuestra biodiversidad. Hoy el planeta es una unidad intervenida y la gestión de conservación en las áreas protegidas exige una mayor integración al paisaje antrópico en su concepción y manejo. Una consecuencia del CC es que incluso áreas donde no hay presencia humana son áreas intervenidas, ya nada está realmente aislado y protegido de los efectos de la acción humana.

El paisaje externo al Sinap y la conectividad que ofrece o niega es tan importante como las áreas protegidas, dado el desplazamiento y la necesaria migración de especies consecuencia del CC. Esto hace que la participación ciudadana sea aún más relevante y este punto no es el fuerte del 2372. En términos prospectivos, conservar sin considerar la conectividad que propicia el paisaje transformado, ya no es posible.

En este contexto, un Sinap fortalecido es una condición necesaria pero no suficiente, pues no garantiza la integridad del patrimonio natural de la Nación. Anteriormente, proteger un área y aislarla garantizaba su conservación. Hoy sabemos que para que la protección sea efectiva, la participación de la sociedad civil y la gestión de las autoridades deben ejercerse en todo el paisaje y no sólo en el Sinap. Por ello el manejo de la biodiversidad en las tierras privadas y su articulación con el Sinap constituye el gran reto en la aplicación del decreto. Esto exige que todos los procesos productivos sean compatibles con la conservación y que aquellos que atenten contra este propósito sean intervenidos y transformados, pues de lo contrario acciones como el uso inadecuado de pesticidas o la contaminación industrial pueden impedir la conectividad y destruir la biodiversidad. La propuesta de conservación debe ser un propósito nacional que se gestione a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.

En relación con los parques naturales regionales y los distritos de manejo integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos a escala regional, el decreto entrega poder a las CAR para su delimitación, declaración y administración. Si la sociedad civil no interviene, esta será una oportunidad de conservación desaprovechada, pues no todas las CAR están avanzando en este propósito.

Para buscar el funcionamiento armónico, integral y coordinado del Sinap, se crea un Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que estará integrado por tres representantes del Ministro de Ambiente y un representante designado por cada uno de los subsistemas regionales de áreas protegidas. Lamentablemente no se garantiza la participación a la Sociedad Civil en este Consejo. El decreto no presenta avances importantes en referencia a las reservas naturales privadas y le falta generar incentivos para vincular a la sociedad civil al propósito de la conservación. No sólo se necesitan incentivos económicos, sino también espacios de participación con voz y voto en la definición de la política nacional, regional y local. En resumen, el decreto puede mejorarse para hacerlo menos centralista y más propositivo en lo participativo.

*Economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Sus puntos de vista no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.