Por: Rodolfo Arango

Argumentos inválidos

EXPLICACIÓN NO PEDIDA, CONFEsión manifiesta. Tal parece ser la conclusión a que se llega luego de leer el sorpresivo comunicado de la Casa de Nariño en el que el Presidente acusa a Yidis Medina de orquestar o viabilizar un complot contra el Gobierno.

La ex congresista se encuentra próxima a una condena penal por cohecho luego de confesar haber recibido prebendas o dádivas de miembros del Gobierno para votar a favor de la primera reelección. El problema radica en que el cohecho implica un doble delito: de quien recibe y de quien ofrece.

En la investigación sobre hechos e intenciones criminales es importante distinguir los argumentos fácticos de los argumentos retóricos. Los primeros son válidos si logran verificarse mediante pruebas legalmente recaudadas y debatidas. Los segundos son inválidos y tienden a desorientar la investigación y a confundir el juicio, razón por la cual deben ser desechados. El comunicado de Palacio usa argumentos retóricos, como afirmar que la confesión de Yidis Medina obedece a un complot de los enemigos de la seguridad democrática, conquista invaluable de amplia aceptación. Por esta vía se politiza la investigación judicial y se recurre a los sentimientos de solidaridad de la población.

Hechos indiscutibles son que Yidis votó a favor de la reelección luego de un intenso proceso de convencimiento ante su indecisión en momento crucial. Que familiares o recomendados de Yidis fueron nombrados en el sector salud. Que consignaciones por más de 200 millones de pesos fueron hechas a Teodolindo Avendaño para que se ausentara de la votación, suma de dinero que éste justifica como un préstamo gracioso de la ex representante. Ciertos son además los pagarés en blanco a Yidis y los pagos de un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro al ex congresista, como irrebatible es la “Ley Teodolindo” mediante la cual se entregaron más de dos mil millones de pesos al municipio de Caicedonia, lugar de donde es oriundo el hoy detenido Avendaño.

El comunicado de marras utiliza argumentos inválidos. Acusa a la confesa Yidis Medina de chantajear a miembros del Gobierno y a la familia presidencial, como si el cohecho confesado y el chantaje posterior fueran conductas incompatibles. Por el contrario, es plausible que recibidas las dádivas la ex congresista intentara vender su silencio a cambio de ventajas adicionales. Tampoco suena válida la teoría del complot, que en el pasado involucró incluso a un magistrado (caso Tasmania). Un periodismo investigativo y una Corte Suprema independiente no son sinónimos de complot e intriga, sino del legítimo derecho a controlar el ejercicio del poder político.

¿Se reunió el Presidente con Yidis Medina justo antes de la definitiva votación? ¿Habló ella luego de ese encuentro con el secretario privado del Presidente? ¿Es cierto el suceso del fax que el congresista Benedetti blandió triunfal ante Yidis como muestra del cumplimiento del Gobierno? Igualmente impropia es la conducta del Presidente al indicar cómo deben proceder los investigadores judiciales. ¿Se imaginan a Alberto Lleras o a Virgilio Barco en esas? Quisiéramos vivir en una sociedad en la que los funcionarios públicos se dedicaran a servir a la comunidad, a combatir la pobreza y a estrechar las relaciones con los vecinos, no a defenderse de acusaciones criminales utilizando el tiempo y los bienes públicos en causa propia. Mientras ese tránsito hacia una sociedad bien ordenada se materializa, nos veremos obligados a ejercer la función pedagógica de distinguir entre la paja y el trigo, entre la retórica y los hechos, entre la apariencia y la realidad. Triste tener que ocuparse de estos temas, pero resulta necesario. Los miembros del Gobierno, como la mujer del César, no sólo deben ser honestos, sino parecerlo.

 

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