Por: Uriel Ortiz Soto
Comunidad y desarrollo

Asamblea constituyente antes de elecciones

Podemos estar seguros de que el principal grado de corrupción en nuestro país se origina en la desactualización de los tres poderes públicos; se encuentran tan obsoletos que no resisten la tentación de abrir sus puertas para que se filtren los agentes de la corrupción.

No se sabe cuál es el más grave de todos, si se hace una evaluación de las fisuras que presenta cada uno, por donde se filtran los agentes de la corrupción, todos pecan por igual, sobre todo en los últimos tiempos en que les llueven rayos y centellas, dejando en los tinglados de las administraciones públicas, legislativas y judiciales todo un vendaval de desaciertos que el ciudadano del común se encuentra más que desorientado, horrorizado.   

Pretender realizar elecciones, con el cúmulo de problemas que tiene el país en todos los órdenes de la vida nacional, es más que un adefesio, y casi que raya con la irresponsabilidad de quienes manejan el aparato electoral, puesto que no existen garantías para desarrollarlas.

Empezando porque los señores congresistas en la nueva reforma política que van aprobar a su conveniencia tienen el descaro de legalizar, mediante ley de la República, la figura del transfuguismo, lo que ha sido considerado como un delito electoral, pero, lo más grave, en contravía de las normas legales que rigen para los partidos políticos, que deben dar ejemplo de pulcritud y de grandeza democrática frente a los comicios electorales.

Para el 2018 el país no puede entrar en un sorpresivo letargo de tener que convocar una asamblea nacional constituyente después de las elecciones parlamentarias, puesto que, previéndolo desde ahora, se ahorraría tiempo y un dineral programándola anticipadamente a las elecciones, como lo han venido pidiendo diferentes partidos, grupos políticos y la ciudadanía en general.  

Considero que, previendo lo que se avecina, sería muy conveniente sopesar la necesidad de no realizar las legislativas tal cual están previstas e interpretando la voluntad de las mayorías ciudadanas realizar la asamblea nacional constituyente con el fin de reformar los tres poderes públicos, que a decir verdad requieren de una alta cirugía practicada por expertos que no sean los politiqueros de siempre, y posteriormente sea votada por el constituyente primario.  

Ante el angustioso y poco claro panorama nacional, la asamblea nacional constituyente todos los días está tomando más fuerza, puesto que solamente a través de ella el común de los ciudadanos podrá manifestarse en las urnas sobre la reforma de los tres poderes públicos que se encuentran desactualizados, obnubilados  y desprestigiados por tanta corrupción, y ante el resurgimiento de nuevos formulismos democráticos, consecuencia del acuerdo de paz entre la guerrilla y el Gobierno, se requiere por lo tanto acomodarlos a las nuevas circunstancias de modo, tiempo y lugar.

De acuerdo a como están las cosas y en virtud de que los tres poderes públicos necesitan con urgencia ser reformados, valdría la pena que el Gobierno estudiara la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente a cambio de las elecciones legislativas de marzo del 2018.

Podemos estar seguros de que a quien sea el presidente de la República le va a quedar muy difícil ignorar este clamor popular de los colombianos, que desde hace varios años lo vienen solicitando a gritos, sin que a la fecha se tenga una clara definición gubernamental para realizarlo.

 Si queremos una asamblea nacional constituyente seria y efectiva, para cada caso en particular, habría que nombrar expertos en los tres poderes públicos, para que hagan un juicioso examen de cada uno de ellos y evalúen de acuerdo a los resultados cuáles son las fallas que presentan, para finalmente someter el proyecto a un debate de ilustración nacional para ser votado finalmente por los ciudadanos con pleno conocimiento de causa.

urielos@telmex.net.co

 

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