Por: Cartas de los lectores

Así, el pasado no pasa

El presidente Santos se equivoca haciendo un paralelo entre la situación de las drogas ilícitas y la posición de Churchill frente al prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos. El primer ministro afirmaba que se cometía un error entregándoles a las mafias los recursos que generaba el alcohol en lugar de aumentar los ingresos fiscales. En el caso de la cocaína, Daniel Mejía y Daniel Rico estiman que el 71 % del valor agregado se genera en su transporte. Por lo anterior, el argumento fiscal no es central en la discusión sobre las drogas ilícitas, como sí lo son las externalidades que genera su ilegalidad. En lo que no se equivoca el presidente Santos es en la necesidad de un nuevo enfoque orientado tanto al consumo como a la producción.

Teóricamente, las drogas son ilegales en la medida en que esta condición reduce su consumo, que se asocia con dinámicas de violencia, reducción del desarrollo cognitivo en jóvenes, entre otros. Desde esta perspectiva, que puede ser discutida, el rechazo hacia nuevos enfoques se origina en el temor a que el consumo se dispare. Afortunadamente hay evidencia, escasa, que refleja lo contrario. En un experimento en Londres, Adda y coautores muestran que la despenalización del uso de cannabis llevaría a un leve aumento del 2 % en el consumo y una reducción de 0,3 % en crímenes por la asignación más eficaz del pie de fuerza a nuevas tareas. Hughes y Stevens muestran que la descriminalización de drogas en Portugal, incluyendo la heroína y el opio, no aumentó el uso de estas sustancias, en cambio sí redujo el consumo problemático y las tasas de algunas enfermedades como el VIH. Con la puesta en práctica de la lucha contra las drogas, el consumo no ha disminuido, por el contrario, la evidencia reciente sugiere que cambios en la regulación no disparan el consumo de estas sustancias.

Por su parte, la producción y el tráfico de drogas se asocian con mayores niveles de violencia y menor desarrollo económico y social, entre otros factores. Un posible mecanismo que explica estas relaciones es la adjudicación de tierras dado su vínculo con el aseguramiento de los derechos de propiedad y el conflicto, teniendo en cuenta que en Colombia la concentración de la tierra es una de sus causas. Para determinar una relación causal, las estimaciones realizadas abordaron el fenómeno de la bonanza marimbera en la Costa Caribe. Los resultados de estas estimaciones sugieren que la presencia de cultivos de marihuana, en el largo plazo, implicaron la adjudicación de menos hectáreas en municipios afectados por este fenómeno frente a municipios no afectados. La magnitud del efecto es de 140 % menos hectáreas en los primeros frente a los segundos. A pesar de ser preliminares, estos resultados demuestran que la presencia de cultivos ilícitos afectó un factor fundamental del desarrollo y potenció dinámicas que promovían el conflicto. Adicionalmente, al realizar las estimaciones con cultivos lícitos de la región, no se encontró ningún efecto sobre las adjudicaciones. Es decir, que posiblemente el efecto en las adjudicaciones está guiado por la condición de ilegalidad de la marihuana.

Afortunadamente, el cuerpo de evidencia respecto a las drogas ilícitas ha crecido en los últimos años y en varios círculos de discusión se plantean nuevos enfoques. La gran limitación es que la demagogia sobre las drogas ilícitas es electoralmente rentable. Retomando las palabras del presidente Santos, es necesario un enfoque pragmático y eficiente, de lo contrario, el pasado no va a pasar y seguiremos estancados en esta materia, porque no aprendemos de la experiencia, como sugiere el periodista Juan Gossaín 40 años después de la publicación de su novela La mala hierba.

Lucas Marín Llanes. Bogotá.

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