Por: Patricia Lara Salive

Así es, Gaviria

Con el expresidente César Gaviria ocurrió esta vez lo que casi siempre sucedía cuando hacía algún comentario el expresidente Alfonso López: que habló y puso a pensar al país.

Es que no puede ser más sensata su propuesta de que se establezca una justicia transicional en la que quepan todos los que de una u otra forma han tenido que ver con el conflicto armado, no sólo guerrilleros y militares, sino también políticos, empresarios, testaferros, encubridores, proveedores, aliados, financiadores, etc., de modo que después de firmados los acuerdos no se cometan injusticias ni queden focos de resentimiento y de descontento que sirvan de abono a nuevas fuentes de violencia.

“La decisión fundamental que debemos tomar los colombianos”, dice Gaviria, “es si le vamos a poner o no fin al conflicto armado”. Y agrega: “Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra”.

No puede ser que se solucione la situación de los guerrilleros y quede pendiente la de los militares, políticos y empresarios. Eso no lo aceptaría el país.

Ahora, cómo se implementa eso está por verse. Es que el asunto no es fácil, pues pueden ser centenas de miles los implicados de una u otra manera en el conflicto: pensemos no más en que hay siete millones de víctimas. ¿Cuántos pueden ser los victimarios? ¿Y cómo se procesaría a ese montón de gente? Si el aparato de justicia está actualmente desbordado (claro que muchos de los procesos tienen que ver con el conflicto), ¡no podría soportar esa avalancha de procesos! Tendría que armarse un aparato especial, con personal calificado, apoyo técnico y procedimientos expeditos. Casi que uno podría imaginar algo tan masivo como que quienes sientan que tienen alguna responsabilidad en el conflicto se presenten a las plazas de toros o a los estadios, se inscriban, confiesen su falta ante una autoridad, pidan perdón, se establezca cómo van a reparar a sus víctimas y, luego, se les asigne algún trabajo social a manera de pena, o algo por el estilo.

Porque la propuesta de Gaviria, como han creído algunos erróneamente, no consiste en que se elabore una ley de punto final, sino en que se haga justicia mediante un sistema transicional en el que haya verdad, solicitud de perdón y voluntad de reparación, y en el que se establezcan penas alternativas que no hagan imposible el proceso y que estén acordes con las reglas que rigen a partir de la creación de la Corte Penal Internacional, las cuales establecen la necesidad de castigar los delitos de lesa humanidad.

El asunto es difícil: la dimensión del conflicto colombiano es enorme. Y como dijo el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, “no se puede terminar simplemente en un acuerdo político donde cada quien se va para su casa y no pasa nada”. ¿Cuál debe ser la diferencia esta vez?, pregunta. “Tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe, por el conflicto, una disposición a rendir cuentas”, dice.

Y, precisamente, porque es tan complejo el diseño del entable jurídico que dé por terminados todos los aspectos del conflicto, es indispensable no hacernos ilusiones ni crear falsas expectativas regando el cuento de que el asunto se resolverá en unos meses y la paz se firmará este año. No.

Paz negociada habrá. Pero si nos va bien, la veremos bien avanzado el año entrante.

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