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La entrevista de Duque en Caracol TV, en la que terminó hablando de su papito —como si eso solucionara esta crisis—, dejó la sensación de que está gobernando un país enemigo o que está desconectado y no tiene idea de cómo superar esta emergencia creada por su incompetencia.
La postura en el reportaje de marras frente a los temas que reclaman en las calles los manifestantes fue la de sostener que cada cosa estaba atendida desde antes del paro nacional. O, lo que es lo mismo, que en nada tienen razón los millones de jóvenes excluidos, ni los trabajadores maltratados. Si todo estaba ya resuelto, ¿por qué, entonces, no cesan las marchas ni las protestas?
El nombramiento de Marta Lucía Ramírez como canciller es equivocado y no aporta a las soluciones. Lo que sí quedó resuelto fue el problema personal y político de la vicepresidenta, quien decidió no jalarle a ser candidata presidencial no por lealtad con su jefe, sino porque sabe que de haberse metido en esa aventura habría resultado estruendosa y justamente derrotada. Ella —que todo lo calcula y no es bobita— advirtió que era mejor ser exvicepresidenta y excanciller que derrotada exaspirante a presidenta.
La nueva canciller abrió plaza con un artículo en El Tiempo donde se citó ella misma para recordar que vaticinó que el punto 2.2 del Acuerdo de Paz con las Farc iba a generar protestas. Es decir, ahora la funcionaria cree que la culpa de que la gente esté en las calles ventilando su miseria, pobreza y falta de trabajo no es del Gobierno sino de lo pactado con la insurgencia. Eso ni siquiera se le había ocurrido al comisionado de Guerra, Miguel Ceballos. Y para acabar de completar, la Corte Constitucional tuvo que recordarle que los servidores públicos no pueden utilizar canales de expresión colectiva para invocar su personal fe religiosa, como ella lo hizo de manera tan imprudente como abusiva, porque ello se estrella contra el principio constitucional de que este es un Estado laico. Olvidaba que Martucha ha sido cooperante del Opus Dei. Amén.
Nada tiene buena cara. Basta advertir que una calificadora de riesgo ya da cuenta de la desconfianza con la que se mira hoy a Colombia. Como era de esperarse, el Gobierno y sus empresarios aliados piensan que son otros los responsables de este desastre que ya se manifiesta. Deberían reflexionar sobre la dramática advertencia del arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien dijo: ¿cómo decirle a un joven que aguanta hambre todos los días que deje pasar comida para los demás?
El problema no son solamente los bloqueos sino las condiciones antisociales que desde el Gobierno hicieron posible este estado de cosas tan deplorable. Por supuesto, la solución no es repeler a bala las protestas, como lo hace una policía incapaz de entender este momento histórico. El general Vargas, director de la Policía, como si fuera lagarto, predica pero no aplica. Continúan los abusos y excesos policiales que están siendo transmitidos en vivo y en directo por los pocos medios que no han recibido la odiosa señal del Gobierno de no contribuir al caos, como ellos suponen que sucede con las terribles imágenes de cuatro policías arrastrando a una joven que luego supuestamente se suicidó. La tal reforma de la Policía es otro asunto que no se ve factible, porque no hay voluntad política de asumirla. El Gobierno dirá que si fracasaron las reformas tributaria y a la salud, nada de raro tiene que no avance la policial. A propósito, si cuando fracasó la reforma tributaria cayó Carrasquilla, ¿por qué no pasa lo mismo ahora con el ministro Ruiz al enterrarse su reforma a la salud?
Y a todas estas, ¿queremos una reforma a la justicia impulsada por este Gobierno desgastado, que multiplique el número de magistrados en altas cortes y prolongue sus períodos? Está haciendo falta que los voceros de la Rama Judicial y sus dolientes no guarden silencio.
Adenda No 1. Recomendado el libro El movimiento estudiantil en los 60. Cronología de una huelga, de Adolfo León Atehortúa Cruz. Magnífica reseña histórica de esos tiempos. De interés para todos y en especial para los bugueños que fuimos testigos mudos del asesinato del joven Jairo Potes Escobar, estudiante del Colegio Académico, ejecutado por las fuerzas vivas de la ciudad.
Adenda No 2. Que venga ya la CIDH y que se vaya el ministro de Defensa.