Por: Lorenzo Madrigal

¿Asilarse es evadir la justicia?

PARA DECIRLO DE UNA VEZ, SOSPEcho que no. Asilarse es acogerse a una convención internacional de alta categoría jurídica. El episodio puede tener visos de escapatoria, sí, pero un asilado no es un prófugo; no importa si entran en juego saltos sobre un antejardín de embajada, toques desesperados a una puerta y minutos de tensión.

Por estos días, durante el proceso de las chuzadas del DAS, con origen en el alto gobierno, el juez de garantías, un distinguido magistrado, ha dictado orden de captura en contra de la ex directora Hurtado por haber eludido  la justicia colombiana, al acogerse al asilo que le otorgó Panamá, y ha exonerado de captura al señor Moreno, secretario de Presidencia, por su dócil disponibilidad a los estrados judiciales. Me alegra la libertad de Moreno, pero no veo por qué se castigue un proceder, el del asilo,  que es conforme al derecho internacional.

No hay primacía del derecho público interno sobre el internacional, respaldado en tratados multilaterales y por ende en la propia Constitución Política del país. El asilado es alguien que ha adquirido una preciosa garantía, por azares del destino, que lo colocó en el lugar y en el momento adecuados, pero no sólo por eso, sino porque tal refugio le fue reconocido por un gobierno, que halló razonado su discurso de defensa.

Pedir la extradición del asilado es arar en el mar. Es una medida prácticamente inoperante, pues se le solicita a quien ya ha tomado una decisión de amparo al respecto. Es como apelar en reposición. Es algo que se hace por complacer a la galería que guarda siempre un cierto ánimo de linchamiento.

No sé si un nuevo gobierno en el país asilante pueda revocar la medida y deportar a quien primero se protegió y acogió, con sentido de humanidad y con respaldo jurídico. No debiera hacerlo, toda vez que, más que una decisión gubernamental, ésta es una decisión de Estado. Y los gobiernos pasan, pero los Estados permanecen.

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Para ser objeto de asilo ha de tratarse de un reo político. Ocurre con frecuencia que las autoridades del  país del cual procede lo acusen de ser un delincuente común. Pero así lo fuera, éste puede considerar válidamente que habría razones políticas entremezcladas en su juzgamiento.

En el caso Hurtado se decide sobre la interferencia en la vida privada, la interceptación telefónica y los seguimientos a líderes de la oposición y a magistrados con quienes el anterior gobierno se mantuvo en pugna, todo lo cual bien parece configurar un delito político. Cae, a mi juicio sin mayores dudas, en la esfera del asilo como alternativa jurídica.

 

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