“Asustadurías” y corrupción privada

Una andanada sin precedente orquestaron los líderes del Consejo Gremial contra la reforma constitucional que se tramita actualmente para fortalecer a la Contraloría General de la República con más recursos y personal, como si la guerra contra la corrupción no necesitara un mayor ejército y mayor calidad, ante la mayor sofisticación de los bandidos de cuello blanco.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) calificó de “arbitrarias” algunas actuaciones de la Contraloría y Procuraduría sobre empresas privadas, como si sus costosos abogados fueran incapaces de defenderlas y no tuvieran recursos legales para reclamar violaciones al debido proceso. Para Fasecolda, que aglutina aseguradores, la Contraloría “con frecuencia pasa por alto conceptos tan elementales como el caso fortuito y la fuerza mayor” que pueden alterar los riesgos de un proyecto, como si esos eventos no estuvieran suficientemente definidos en la ley y la jurisprudencia para no generar desequilibrio económico a los contratistas afectados.

Y es que en casos de corrupción como Ruta del Sol, Reficar, Electricaribe, Saludcoop, Medimás y muchos otros, el sector privado ha sido protagonista en el robo de recursos públicos, pero por limitaciones legales, la Contraloría solo termina haciendo la autopsia del desfalco y adelantando juicios de responsabilidad fiscal contra personas que hábilmente se insolventan, logran la prescripción y hasta declararse incapaces ante la ley, para salir indemnes e impunes.

Esta trascendental reforma a la Contraloría General no implica volver al “control previo” como antes de la Constitución de 1991, que paralizaba obras y contratos. La iniciativa solo establece el control fiscal en tiempo real, pero preventivo, que genera alertas para que los funcionarios involucrados no salgan con el cuento de que “fue a mis espaldas” o “me acabo de enterar”. También se busca unificar competencias con las contralorías regionales, una rueda suelta y filtrada por la corrupción.

Claro que preocupa que mayor burocracia y presupuesto termine alimentando la clientela política, pero no hacer nada es peor, pues los corruptos privados y públicos sí evolucionan y logran disfrazar de recursos privados negocios alimentados con dineros públicos, como sucede con las fiducias públicas, con los ahorros pensionales administrados por las AFP, que Asofondos pone en riesgo con autopréstamos, o con los recursos de la salud manejados por EPS privadas que evaden controles. Sin “asustadurías” fortalecidas los corruptos nos seguirán comiendo vivos.

@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com