Por: Rafael Orduz

Atrocidades… y reacciones oficiales

Es muy difícil entender: el argumento de las miles de vidas que se han salvado gracias a que 8.000 miembros de la guerrilla más vieja del mundo hayan dejado las armas no parece, para muchos, significativo.

Al contrario, como si una mano invisible quisiera compensar los ahorros en vidas humanas cometiendo hechos de barbarie, cada semana trae su horror de muerte y, con él, algo peor: la buena dosis de indiferencia de la sociedad.

El de la semana pasada, el de la joven madre asesinada en Tierralta, María del Pilar Hurtado, y el video del desconsuelo de uno de sus hijos, es de tal atrocidad que debería sacarnos a las calles en defensa de la vida.

En estos meses angustiosos en los que están asesinando, a diario, personas indefensas, en toda la geografía, incluyendo más de un centenar de personas desmovilizadas que creyeron en los acuerdos de paz, hay un elemento que redondea la brutalidad: el cinismo de algunas reacciones oficiales.

El ministro de la Defensa, tan locuaz como errático, le atribuyó al Eln el asesinato de María del Pilar, guerrilla que no está presente en la zona. Tan incontinente el ministro como cuando aclaró que la muerte de Dimas Torres, un desmovilizado, había sido, primero, un lío de faldas y, luego, el desenlace de un acto en defensa propia. Dimas, ¿reedición de los falsos positivos?

Los comunicados de los grupos paramilitares del 2019, en alza, acusan a los líderes sociales de ser guerrilleros encubiertos, de realizar reuniones subversivas, de impulsar consultas previas y tomas de tierras y los declaran objetivos militares. ¿Lo mismo que antes?

Más muertos, más miedo, más incertidumbre, en pleno despliegue del proceso de paz.

Si se quiere denunciar el papel del Estado en la ola de asesinatos, son un error las consignas que le lanzaron manifestantes al presidente Duque en Londres y Berna hace unos días. Él no es asesino, no está mandando matar. Es la vía fácil, del cliché, vacía.

Sin embargo, las reacciones de Duque frente a los hechos bárbaros que están ocurriendo están llenas de lugares comunes y son, en extremo, tibias. “Condenamos…, vamos a crear una comisión…”, suelen decir sus trinos cuando se refieren a los asesinatos.

Más grave su silencio frente a las gravísimas denuncias de Semana sobre persecución y amenazas a militares por, supuestamente, filtrar detalles de anomalías a medios de comunicación (incluyendo The New York Times), corrupción en algunos niveles del alto mando, denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales.

Repudiar en forma rotunda los falsos positivos del pasado y la posibilidad de que puedan repetirse es una obligación del jefe del Estado a favor de la fuerza pública y de la sociedad. La protección a la vida de dirigentes regionales y los desmovilizados, una obligación del Estado.

El presidente Duque sólo tiene que manifestarse y actuar en defensa de la vida y dar la pauta para acabar con el cinismo de algunos de sus funcionarios, ese ingrediente que multiplica el nivel de atrocidad.

 

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