Por: Rodolfo Arango

Aún estamos a tiempo

COLOMBIA NO TIENE QUE CEDER SU soberanía a Estados Unidos, así la entrega se encubra bajo el manto de la cooperación militar en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Existen alternativas a la presencia foránea en siete bases colombianas.

Una de ellas es el fortalecimiento de la unión de los Estados de Suramérica como contrapeso político y económico a los países industrializados del Norte. Otra es la recuperación del diálogo diplomático con los países limítrofes, sobre bases de respeto a los principios del derecho internacional, y el diseño de una política y de una estrategia conjuntas en la lucha contra la criminalidad organizada en la región. Por muy agradecido que esté el pueblo colombiano con la ayuda de Washington para el Plan Colombia y luego para el Plan Patriota, no debemos convertirnos en el “Judas” de Latinoamérica al entregar la soberanía territorial a los estadounidenses y generar así un grave riesgo a la estabilidad entre países hermanos.

 El Gobierno colombiano comete un error de proporciones históricas al crear el precedente de la presencia y del estacionamiento de tropas extranjeras en el país sin contar para ello con la autorización del Legislativo. Si el Congreso debe aprobar el simple tránsito de cualquier ejército por el territorio nacional con mayor razón debe aprobar el estacionamiento de tropas en el mismo. Los actuales acuerdos militares no pueden ser interpretados extensivamente para incluir la ampliación de la presencia militar extranjera, invóquese el motivo que se invoque. En materia de injerencia militar de otros países en Colombia, la soberanía del pueblo se ejerce por el Congreso de la República, máximo órgano de representación popular. Basar el aumento de la presencia militar norteamericana en los actuales acuerdos de cooperación viola la Constitución Política. De hacerse, la Corte Constitucional tendría la competencia para revisarlos de oficio y declararlos inconstitucionales por no haber surtido el trámite constitucional establecido para su perfeccionamiento. El fast track con que se pretenden aprobar los acuerdos es un nuevo caso de “elusión constitucional” o intento de burlar los controles democráticos mediante tecnicismos o juegos semánticos con el fin de legitimar lo injustificable a la luz de la Constitución.

La cesión de soberanía territorial como contraprestación a la ayuda militar y comercial estadounidense (ya vendrá pronto el TLC como premio) congela el proceso de integración comercial y política de Suramérica y conlleva una “desregulación” de los acuerdos internacionales con la consecuente inseguridad jurídica. Lo anterior, unido a la campaña nacionalista y patriotera que sindica de cómplice del narcotráfico y de la guerrilla a todo aquel que no comulga con la entrega de las bases, torna evidente el clima de pugnacidad alcanzado y las ruinas a las que ha quedado reducida nuestra política internacional. Lamentable es también que todo esto suceda con la aquiescencia del presidente Obama, quien había prometido en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago un cambio en las relaciones internacionales con Latinoamérica.

El errático manejo de las relaciones diplomáticas por parte el gobierno muestra las consecuencias de la superación del Estado de derecho por el Estado de opinión. Acusar a los presidentes vecinos de complicidad con la lucha armada guerrillera para generar un clima favorable a la continuidad de una política interna como la de seguridad democrática, no genera opinión pública favorable sino desconcertada y atemorizada. Aún estamos a tiempo de recuperar la cordura política, de deponer el terror de Estado y de reconstruir las relaciones internacionales del país, tradicionalmente basadas en una diplomacia respetuosa de los valores democráticos.

 

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