Autocracias duras y autocracias blandas

La definición clásica de la autocracia es un sistema de gobierno en el que una persona concentra el poder y no hay restricciones ni controles a sus acciones o decisiones. Y si los hay, son más formales que reales y suelen ser ejercidos por personas o instituciones controladas por el gobernante.

En varios países del mundo, y América Latina no es la excepción, se ha visto el auge de gobiernos autocráticos o variaciones de estos. A diferencia de los que acceden al poder por golpes de Estado y que podrían catalogarse como autocracias duras, en muchos de ellos los líderes son elegidos popularmente, lo cual les sirve para que, así sean autócratas, puedan ser vistos como blandos. Amparados en esto, pretenden legitimar sus actuaciones y en algunas ocasiones cambiar las leyes y la Constitución para permanecer en el poder, por lo general por largos períodos de tiempo. Pero además, van concentrando poder mediante estrategias para debilitar los controles políticos, administrativos y sociales, hacer más tenue la separación de poderes, e incidir directa o indirectamente en las decisiones de las otras ramas del poder y los organismos de control, ejerciendo presiones indebidas y campañas de desprestigio y amedrentamiento contra quienes critican o se oponen a las acciones del gobierno, e incluso restringiendo libertades.

El surgimiento de gobiernos autocráticos, en cualquiera de sus modalidades, encuentra un terreno abonado cuando los países viven momentos de profundas crisis políticas, sociales o económicas. El ejemplo más reciente es el impacto que el COVID-19 ha tenido en muchos países en términos del debilitamiento de la democracia.

Colombia no ha sido ajena a esta situación. Sin embargo, el problema está adoptando características que trascienden la excepcionalidad y parecieran transitar hacia la llamada “nueva normalidad”. Una normalidad en la que el presidente ejerce su influencia en la elección de personas muy cercanas a él y al partido de gobierno en los más altos cargos del Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, poniendo en riesgo la necesaria independencia que estas instituciones deben tener frente al Ejecutivo. Y en la que Duque, al hacerles eco a las críticas y ataques del Centro Democrático y de su jefe máximo a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Rama Judicial por decisiones que afectan al exsenador Uribe, pretende afectar su autonomía y deslegitimarlas frente a la opinión pública.

Mientras todo esto sucede, el exgerente de campaña y uno de los consejeros más cercanos al presidente Duque le envía una carta al director de El País, el periódico impreso en español más importante del mundo, diciéndole que no es democrático “darles vitrina mediática a las fuerzas parlamentarias del narcotráfico”, y que por lo tanto no deberían hacerle entrevistas al senador Iván Cepeda. Te lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro. ¿Será que Pedro son los medios de comunicación de Colombia?