Por: Fernando Galindo G.

Autogoles del ministro Gaviria

"Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera". (La perrilla, José Manuel Marroquín, 1827-1908).

En contra de las expectativas y señalamientos sobre la negligencia y los sesgos (EPS y cajas de compensación) de los senadores para afrontar la discusión del proyecto de ley ordinaria sobre salud, resultó en el balance final que quienes hicieron bien la tarea en la plenaria celebrada el 16 de octubre fueron los parlamentarios, mientras el representante del Gobierno, el ilustre ministro Gaviria, frustró la esperanza ciudadana cifrada en la transformación substancial del fracasado modelo de salud de la Ley 100, con su proposición substitutiva de última hora, para no sólo mantener sino acrecentar la posición dominante de la integración vertical.

Este desplante en la política pública de salud es inexplicable e inaceptable, porque la secuencia y el contenido de las intervenciones de los legisladores sobre el texto del artículo 38 del proyecto de la subcomisión del Senado, leído por el coordinador de ponentes, el senador Guillermo Santos Marín (liberal por el Tolima), antes de que Gaviria metiera la mano (o el pie, por los autogoles), indicaban que la integración vertical estaba eliminada.

El ministro justificó su proposición sobre la supuesta pérdida de oferta de camas hospitalarias y de servicios ambulatorios que se derivaría de la eliminación de la integración vertical.

El senador Juan Manuel Galán, último en intervenir antes de la votación, interpeló a Gaviria para recordarle que organismos del Estado, como la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Contraloría y la Veeduría del Pueblo, han sentado abundante jurisprudencia sobre la naturaleza pública de la UPC (unidad de pago por capitación) aportada por los ciudadanos en las recaudaciones parafiscales, cuya implicación es, ni más ni menos, que si las EPS y cajas han incrementado patrimonio con esos aportes, tales bienes le pertenecen al sistema público de salud y no a las intermediarias aseguradoras. Por consiguiente, antes de autorizar la venta de dichos inmuebles debe definirse cómo fueron adquiridos: si con la UPC o con capital privado.

El ministro ya confrontó esta tesis jurídica con la contralora Morelli, quien en noviembre de 2012 no autorizó la venta de una de las clínicas de Saludcoop para que generara liquidez en la suma de $600.000 millones, destinados a la cancelación parcial del déficit por prestación de servicios.

La deuda de las intermediarias con la red hospitalaria y otras IPS se estima en más de $10 billones, cuando la recaudación anual del sector, por diversos conceptos, alcanza la suma de $45 billones. ¿Dónde está esa plata?

El Partido Liberal, al que dice pertenecer el ministro Gaviria, se ha comprometido con la transformación substancial del sistema de salud y tendrá en los dos debates pendientes en la Cámara de Representantes la oportunidad de rectificar, unido a las demás bancadas de la Unidad Nacional y en beneficio de los colombianos, los autogoles anotados por el ministro en el partido del Senado.

 

 

Fernando Galindo *

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Fernando Galindo G.

Memoria histórica de la Ley 100

Comisión de la verdad para salud

El que la hace, la paga