Por: José Fernando Isaza

Autonomía universitaria

UNA CARACTERÍSTICA QUE ACOMpaña la historia de las universidades, desde su fundación, es la autonomía.

Este derecho no surge de ninguna merced de las autoridades. Nace con la creación de la universidad. En Occidente la primera de ellas fue la de Bolonia, fundada en 1087 por los estudiantes. Los profesores, y aun el rector, tenían que ser estudiantes; éstos fueron los mayores protagonistas de la historia de la universidad.

En Colombia la Constitución de 1886 no menciona la autonomía universitaria; la reforma de 1936 garantiza la libertad de enseñanza pero no es explícita en la autonomía; por otra parte, le da al Ejecutivo el poder de inspección y vigilancia, facultad que puede colisionar con la autonomía universitaria. Después del Manifiesto de Córdoba en 1918 se garantizó la autonomía en varios países de América Latina.

En la década de 1980, un ministro de Educación trató de imponer normas para la nominación de rectores de las universidades privadas. La Constitución de 1991 garantiza la autonomía universitaria y es explícita en reconocer el derecho que tienen de nombrar sus directivos y regirse por sus estatutos. El conflicto puede surgir cuando la misma Constitución le otorga al Ejecutivo el poder de “inspección y vigilancia”. Las leyes que sobre educación universitaria han desarrollado, con el laudable objetivo de propender por la calidad, permiten al Ministerio de Educación intervenir en la aprobación de programas, hacer exigencias sobre la estructura de las mismas y aun, alegando “pertinencia”, negarlas o aplazar su autorización. Es difícil conciliar estas posiciones con la garantía constitucional de libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Algunos fallos de la Corte Constitucional en aras de la facultad de inspección, vigilancia y calidad han limitado la autonomía.

Piénsese, por ejemplo, si las garantías constitucionales de libertad de expresión, de libertad de conciencia o de libertad de cultos estuvieran limitadas por frases tales como “El Presidente de la República ejercerá la inspección y vigilancia de la libertad de cultos, de expresión”. Esto permitiría que el Ministerio del Interior y Justicia exigiera requisitos que pusieran en peligro estos derechos.

El tema es complejo, muy pocos discuten la necesidad y conveniencia de que el Ejecutivo ejerza inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realicen actividades financieras, de seguros, bursátiles y que capten dinero del público. Puede argumentarse, y con razón, que las universidades no sólo requieren ingresos de terceros, sino que los estudiantes les confían algo aún más valioso que el dinero, su tiempo y su futuro.

Sobre los beneficios de la intervención del Estado para promover la calidad de la educación no hay resultados absolutos. En Estados Unidos, cuyo sistema universitario tiene reconocimiento mundial, el Ejecutivo no interviene; en Francia o Inglaterra, con universidades de buena calidad, hay mayor intervención. En Italia sería inconcebible una intervención.

En Colombia, hasta ahora, los conceptos de autonomía, calidad, inspección y vigilancia no han generado mayores conflictos ni puede hablarse de abuso de poder.

Situación diferente se vivió recientemente en Cuba, cuando el rector de la Universidad de La Habana fue destituido, cuando una encuesta entre profesores y estudiantes (¿Estado de opinión?) encontró que le faltaba espíritu revolucionario.

* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

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