Por: Mario Fernando Prado
Sirirí

¡Autoridad, presidente, autoridad!

Quienes votamos y le apostamos al gobierno de Iván Duque, y seguimos creyendo que fue la mejor decisión del pueblo colombiano, estamos advirtiendo una excesiva tolerancia con quienes se han convertido en francotiradores y quintacolumnistas empeñados en demeritar su gestión y enredar sus propósitos.

Y no nos refiramos al asunto político y parlamentario en donde le están cobrando su estilo de gobierno, ausente de dádivas, compromisos de sangre y nefastas alianzas con los diablos de turno.

Centrémonos tan solo en la minga caucana, que no tiene antecedentes por su duración, belicosidad y exigencias. Las partes en conflicto saben que es imposible cumplir con las pretensiones de los manifestantes, quienes están apretando más y más al Gobierno mientras que los verdaderos damnificados están secuestrados y humillados, víctimas de un chantaje inhumano al tiempo que la economía está sufriendo una catastrófica y ruinosa debacle.

Es allí en donde las gentes se preguntan: ¿dónde está el presidente por el que sufragamos millones de colombianos? Porque, a decir verdad, lo que se aplaude es que haya democracia, que sea posible protestar, que las minorías tengan garantías, pero también se reclama que haya autoridad para proteger a las mayorías hoy vulneradas y manicruzadas ante la carencia de una mano firme que ponga a todos en su lugar.

No se piden actos violentos sino respeto. Respeto por una ciudadanía inerme que no se explica por qué no se hace respetar la ley que prohíbe, por ejemplo, la toma de las carreteras y los bloqueos de las vías.

El sur del país, del Valle del Cauca para abajo, está paralizado y si no se actúa rápido sobrevendrá un enfrentamiento ya no con la Fuerza Pública, sino con los pacíficos habitantes de estos departamentos que en su desespero pueden provocar incluso una guerra civil.

Se hace preciso, pues, de manera urgente e inaplazable, que el presidente tome cartas en el asunto y, en primera persona, haga respetar las instituciones, la Constitución y la ley con algo que no tiene un nombre distinto a la palabra “autoridad”.

 

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