Por: José Miguel de La Calle

Autoridad y Cultura de Cumplimiento

Según lo ha revelado en informaciones periodísticas un representante de la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), los más recientes análisis de dicha organización indican que el 75% de la extracción de madera en Colombia es ilegal, lo que arrasa con 48.000 hectáreas de bosques al año.

La madera se obtiene por grupos de traficantes que se internan con motosierras en las selvas del Chocó y el Amazonas y luego se transporta a su destino a través de ríos y carreteras, en las narices de las autoridades. Según ello, existe una alta probabilidad de que los muebles que tenemos en la casa o la oficina, provengan de materia prima obtenida de forma delictiva.

La primera reacción que uno tiene al oír una noticia como ésta, es atribuirle lo que sucede a la falta de autoridad gubernamental. Sólo la ausencia total del Estado y su falta de interés real en perseguir este tipo de prácticas, puede explicar que una conducta ilícita se generalice de tal manera que se torne predominante, en comparación con la misma actividad lícita. Si la policía de ríos y carreteras, y los demás servidores públicos que se relacionan con este tema, fracasan en tres sobre cuatro veces en su función de impedir la realización de este delito (y eso, sin contar aquellos que cumplen la ley voluntariamente), entonces las conclusiones sólo podrían ser tres: la burda incompetencia de los funcionarios a cargo del diseño de la política pública y de los que la ejecutan, una situación de corrupción generalizada, o la falta de interés o capacidad del Estado para perseguir ese tipo de infracciones.

Este ejemplo de rampante incumplimiento de la ley, así como otros que se ven a diario en este país, trae a la mente un cuestionamiento de fondo adicional: ¿Qué explica que una cultura de incumplimiento se vuelva la regla general en ciertos ámbitos? Cuando una sociedad permite que sea más común que un comportamiento se realice de forma ilegal que de forma legal, entonces algo muy grave está pasando en la raíz de las normas culturales que sirven como su sustento. Recordemos que en una democracia como la nuestra, el cuerpo legislativo que expide las leyes que definen como ilegal una determinada conducta, es elegido por la sociedad misma. Por ello, se supone que existe cierta coherencia entre el pensamiento del legislador (que se refleja en sus leyes) y el pensamiento de la sociedad que los eligió. En ese orden, cuando el legislador decidió convertir en un acto ilegal la explotación sin permiso de madera, posiblemente lo hizo para satisfacer un objetivo de la misma sociedad en favor de la preservación del medio ambiente. Luego, se reitera la pregunta, ¿por qué esa sociedad que en un momento quiso reprochar un comportamiento, luego permite que se esparza una cultura de incumplimiento de la norma creada?

El problema grave es que en nuestro país existen muchos otros ejemplos en los que se genera ese nefasto binomio de falta de autoridad pública y germinación de una cultura generalizada de incumplimiento de las normas. Un ejemplo muy difícil es el tema de la evasión tributaria. Cientos de miles de colombianos pagan al fisco menos de lo que deberían pagar a título de impuestos, y el inconveniente más fuerte no es sólo que el Estado no haya podido aún lograr la capacidad y eficacia suficiente para prevenir y castigar ese comportamiento elusivo, sino que el entorno social en el que vive el evasor es mayoritariamente patrocinador o, al menos, perdonador de dicha usanza. Algo similar ocurre con el pago de sobornos en la contratación pública o en otros contornos, el pago de las contribuciones parafiscales, las infracciones de tránsito, etcétera.

La gran pregunta es ¿Qué tiene esta sociedad para verse tan atraída por la “cultura” del atajo, para ser tan complaciente con el no cumplimiento de las normas legales y sociales y, ¿qué haría falta para recuperar el respeto a la autoridad y el sentido del apego a la ley?

Cabe un libro entero para responder, pero al menos vale decir que, en muy buena medida, la respuesta se localiza en la falta de un sistema fuerte y respetado de administración de justicia y en la errada manera en que se expiden leyes de forma desbocada, sin calcular cómo hacerlas valer (enforcement), deslegitimando el valor de la ley y creando incentivos incorrectos en el proceder de los servidores públicos y de la sociedad en general.

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