Auxilios parlamentarios

En los años 70 se hablaba de auxilios parlamentarios para referirse a las partidas presupuestales que aprobaba el Congreso para dar estímulo y apoyo a obras en distintos lugares del país. La norma no tuvo origen en esos años y tampoco nació en la reforma constitucional de 1968, impulsada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, como equivocadamente se dijo entonces. Ella nació en 1886, cuando los delegatarios adoptaron esa Constitución.

La Constitución anterior, de 1863, no contenía disposición alguna que permitiera al Congreso expedir leyes sobre fomento de empresas útiles. Adoptada la forma de república unitaria en 1886, se planteó en la Asamblea de Delegatarios si el Gobierno Nacional debía asumir, por su propia cuenta, la ayuda a las empresas calificadas de “útiles” o “benéficas” o, por el contrario, si la responsabilidad era individual, privada o de los departamentos.

Cuando se tramitaba y discutía la reforma constitucional de 1968, al Congreso se le quitó la iniciativa en el gasto público, pero se hizo la excepción para los proyectos que se referían a “las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo”. De allí surgió la leyenda de que los auxilios parlamentarios nacieron en 1968.

Tan mal uso se hizo de los auxilios que a partir de 1991 se les llamó cupos indicativos. Ahora se tramita en el Congreso una reforma constitucional que establece el 20 % del presupuesto de inversión para que los parlamentarios lo manejen de común acuerdo con el gobierno. Tendrá otro nombre, pero es lo mismo, y a pesar de que el ejecutivo ha dicho que no comparte la propuesta, ésta cuenta con el apoyo aun de sectores de la oposición. A cada legislador le corresponderá repartir $134.000 millones. Ante tamaño regalo, no me queda duda que la propuesta sale adelante, así se le haga la boca agua al ministro Carrasquilla. Y los congresistas griten: auxilio, auxilio.

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