Por: Óscar Sevillano

Ayude a proteger a los jóvenes afros, alcalde Peñalosa

En el pasado mes de mayo la Defensoría del Pueblo dio a conocer una alerta temprana en la que advirtió a los gobiernos Distrital y Nacional acerca de la presencia de Autodefensas Gaitanistas, Rastrojos, los Paisas, el Eln y disidencias de las Farc en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, en donde estas estructuras ilegales no solo estarían controlando el negocio del microtráfico, sino además reclutando personas. En mayo de 2016 la misma entidad presentó un informe de 22 páginas diciendo lo mismo, esta vez en las localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Actualmente algunas personas afrodescendientes residentes en Bogotá en los barrios Patio Bonito, Britalia, Tintal y Bellavista han manifestado sus temores porque al parecer sus jóvenes estarían siendo tentados a retornar a sus zonas de origen para ingresar a las filas de alias Guacho y también se les estaría invitando a ingresar a redes de microtráfico en la ciudad, preocupación que fue transmitida por el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, quien le pidió al Distrito y a la Fiscalía investigar la veracidad de la denuncia.

Frente a estas preocupaciones se esperó una reacción del alcalde Peñalosa más acorde a la de un mandatario que se preocupa por la tranquilidad de la gente que gobierna. Sin embargo, el burgomaestre, en lugar de atender las advertencias en primer lugar del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, las rechazó tajantemente, negando cualquier presencia de algún actor ilegal en la ciudad y en lo que tiene que ver con la actual denuncia de los afrodescendientes en Bogotá no se conoce respuesta alguna.

Si nos fijamos, las diferentes denuncias coinciden en los lugares, porque se trata de zonas periféricas de la ciudad capital, en donde habitan personas de escasos recursos y que en ocasiones, por su lejana localización, se constituyen como una especie de “tierra de nadie”, donde se les deja la responsabilidad a unos cuantos policías para que controlen un territorio en sectores que no abarcan precisamente dos o tres cuadras, sino manzanas enteras que muchas veces colindan con potreros fronterizos con el departamento de Cundinamarca y los municipios vecinos. ¿Pueden unos pocos patrulleros dominar la situación en estas condiciones?, lo dudo.

En el caso de los afrodescendientes no sería extraño que la denuncia fuera cierta, porque se trata de personas en su mayoría del Pacífico, algunos nacidos en los territorios que son de dominio de alias Guacho, que llegaron a la capital huyendo de la violencia o buscando una mejor suerte que en Bogotá les ha sido esquiva, en primer lugar porque las oportunidades laborales para ellos son escasas, lo mismo que la posibilidad de que accedan a una educación superior de calidad. En muchos casos, su única tabla de salvación se llama Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—, en donde afortunadamente la matrícula no tiene ningún costo.

Quienes ejercen actividades ilícitas en estos barrios de Bogotá saben muy bien a quiénes abordar para ofrecerles trabajos en sus redes criminales, porque conocen la zona y las necesidades de quienes la habitan. No es de extrañar, entonces, que a jóvenes afrodescendientes se les invite a ingresar a estas redes de microtráfico en Bogotá o que reciban ofertas de retorno a zonas de conflicto de parte de actores ilegales, porque, al igual que todo ser humano, requieren de un sustento diario, que la sociedad y el mismo Estado les niega y les relega, obligándoles a vivir en condiciones precarias en los barrios periféricos de la ciudad.

Bogotá no es una isla rodeada del mar en un lugar alejado de Colombia, como sucede con San Andrés y Providencia, en donde no tendrían por qué existir estructuras de las disidencias de las Farc, o células del Eln o de las bacrim. A Bogotá se puede acceder fácilmente y camuflarse en medio de sus habitantes. Claramente las lógicas con las que se actúa son otras. No se puede esperar encontrar guerrilleros o miembros del Clan del Golfo vestidos de camuflados y botas pantaneras, caminando con armas de largo y corto alcance por calles y avenidas como sucede en las selvas y algunas veredas colombianas. En la ciudad capital entre menos evidente sean, mayores capacidades operativas pueden tener.

Bogotá debe trabajar junto a las autoridades nacionales, Fiscalía, Policía y órganos de control como la Defensoría del Pueblo, para evitar que la ilegalidad se tome a la ciudad y capture para sus redes criminales a los jóvenes, entre ellos a los afrodescendientes.

Señor alcalde Peñalosa, ayude a las familias afrodescendientes en Bogotá a proteger a sus hijos, lo mismo que a todos los bogotanos que habitan en Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, Kennedy, Bosa y Suba. En la ciudad capital existen estructuras mafiosas que controlan el negocio del microtráfico y no sería extraño que la denuncia de las comunidades afro y las alertas de la Defensoría del Pueblo sean ciertas.

@sevillanojarami

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