Bancos e injusticia social

Reinaldo Spitaletta
14 de octubre de 2008 - 01:34 a. m.

SUENAN SABROSO LAS PALABRAS del banquero más poderoso del país, el mismo que promovió la declaración de la conmoción interior, cuando dice que en Colombia no hay justicia y que, incluso, por tal falta, existe la guerrilla. Suena hasta bonito, digo, que lo exprese el mismo personaje que en abril de 2004 proponía acabar con el régimen pensional de “prima media” y aupaba el marchitamiento del ISS para favorecer a los fondos privados, incluidos, por supuesto, los de su propiedad.

Y puede hasta ser cierto lo que dice el magnate. Porque, de veras, no deja de ser insólito que alguien que cometa trescientos o tres mil asesinatos, pues apenas pague, si acaso, ocho años de cárcel, al tiempo que algún robagallinas sin abolengo se pueda hasta pudrir en prisión. Claro que don Sarmiento Ángulo, que así apellídase el hombre, uno de los más ricos del mundo, el mismo que aboga para que se declare ilegal el paro de los trabajadores judiciales, poco o nada habla de la otra justicia, cuya ausencia es la que tiene a Colombia con más de 18 millones de pobres, seis millones de indigentes y más o menos cuatro millones de desplazados.

Y esa otra justicia, caballero, es la social. Por si el señor no lo sabía o simula ignorarlo, Colombia, siendo un país rico (ah, aunque no tanto como el banquero de marras), tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Por ejemplo, el 0,3 por ciento de la población es propietario de más de la mitad de las tierras agrícolas. El neoliberalismo, tan bueno para los banqueros, ha causado en el país una brecha inimaginable entre ricos y pobres. Y mientras aquéllos aumentan sus riquezas bajo este sistema, éstos se pauperizan cada vez más.

La injusticia social galopante en el país, esa misma que a veces hace pensar a cualquier guasón que es “mejor robar un banco que fundarlo”, se agudiza con las políticas de exclusión de un régimen que ha recortado los derechos de los trabajadores, incluso viola el derecho a la huelga. En las últimas dos décadas han asesinado a más de cuatro mil sindicalistas y, más recientemente, se legalizaron las contrataciones temporales y establecieron formas de “semiesclavitud” laboral. O si no, que lo digan los corteros de caña.

Cuando el banquero en su entrevista en El Tiempo habla del asunto de la justicia, elude la creciente impunidad, situación que, con otras muchas, fue condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundado por el italiano Lelio Basso, que la califica de estructural en el Estado colombiano. A propósito, el fallo de la citada institución, promulgado en julio pasado, poco se difundió en los medios (puede leerse completo en www.internazionaleleliobasso.it).

Y hablando de la condena al Gobierno colombiano de parte del Tribunal, muchas de sus investigaciones se refieren a las violaciones a los derechos humanos y al estado de desamparo de millones de nacionales. Y también a los desafueros de corporaciones transnacionales contra los trabajadores y la población en general. Se recuerda, asimismo, a los “80 campesinos, afrodescendientes e indígenas sacrificados en la Operación Génesis para ‘limpiarles’ los territorios ancestrales a las empresas madereras y palmeras que arrasaron con la biodiversidad de la región del Pacífico”.

Según el mismo Tribunal, en los últimos diez años ha habido en Colombia centenares de miles de muertos (300.000 registrados oficialmente), la mitad de ellos producidos por el paramilitarismo. Pero, claro, sobre estas calamidades hay una total impunidad y nada de justicia. No se sabe qué piense al respecto el señor de los billetes.

Seré curioso, señor banquero: ¿qué porcentaje le corresponde en la creación de tanta injusticia social?

 

 

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