Por: Yesid Reyes Alvarado

Bandazos del Fiscal General

HACE POCAS SEMANAS EL FISCAL Iguarán anunció que desistía del pedido de extradición que había hecho a Uruguay para que la esposa de David Murcia fuera enviada ante las autoridades judiciales colombianas; argumentó que los jueces uruguayos habían hecho exigencias inaceptables.

La excusa no es cierta. Uno de los presupuestos básicos para que este mecanismo opere, consiste en que la conducta atribuida a una persona sea delito tanto en el país requirente como en el requerido. En la solicitud relacionada con la esposa de Murcia la Fiscalía informó a las autoridades uruguayas que estaba vinculada a un proceso por lavado de activos; como en la legislación de ese país no es delito el lavado de activos proveniente de enriquecimiento ilícito, sino sólo el que tiene relación con narcotráfico, los jueces de Uruguay dieron concepto favorable al requerimiento, a condición de que la señora fuera juzgada por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, por la sencilla razón de que esa es la única modalidad de lavado de activos sancionada en esa nación.

Si el Fiscal hubiera consultado la legislación uruguaya antes de hacer la petición, se hubiera percatado de que allí no es punible el lavado de activos derivado de enriquecimiento ilícito y por lo tanto debería haberse abstenido de formular un requerimiento que estaba condenado al fracaso. Como no se tuvo esa elemental precaución, el concepto favorable de las autoridades australes puso en un dilema al Fiscal: seguir adelante con el trámite, con la seguridad de que un juez de garantías en Colombia habría puesto en libertad inmediata a la señora porque la Fiscalía no le ha imputado ningún cargo por lavado de activos derivado de narcotráfico, o inventar una disculpa para abandonar el trámite de extradición sin que su imagen resultara demasiado afectada; optó por lo segundo.

Al margen de la forma en que se manejó el tema por la Fiscalía, sigue sin estar claro si las actividades de DMG guardan relación con el negocio ilícito de las drogas. A finales del año pasado, Iguarán inició una investigación en la que ese cargo no fue incluido, pese a que el Gobierno aseguró desde entonces tener grabaciones que mostraban la existencia de ese nexo. Mientras en diciembre de 2008 la prensa informó que las autoridades panameñas habían hecho cargos a Murcia por narcotráfico, en enero de 2009 el Fiscal solicitaba la extradición de la esposa de Murcia, por delitos no relacionados con esa modalidad delictiva. En febrero de este año Iguarán admite que DMG puede tener vínculos con ese delito, en marzo avala un requerimiento de Estados Unidos para que Murcia sea investigado allí por tráfico de estupefacientes, pero ese mismo mes considera inaceptable que Uruguay condicione la entrega de la esposa de Murcia a que se la juzgue por lavado de activos derivado del narcotráfico.

Los bandazos del Fiscal contrastan con la actitud del general Naranjo, quien no sólo ha insistido de tiempo atrás en los vínculos de DMG con el comercio ilícito de narcóticos, sino que recurriendo a un sencillo trámite de deportación consiguió en pocas horas poner a Murcia ante las autoridades colombianas.

 

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