Barco y Tirado Mejía

Afirma Álvaro Tirado Mejía en El Tiempo que Virgilio Barco “protegió y difundió los derechos humanos y los recuperó como elemento fundamental de la democracia y del pensamiento liberal”. Agrega: “Uno de los pilares de esta política fue la creación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos”, que dirigió Tirado Mejía. ¿Por qué no menciona que Barco, al asumir la Presidencia, nombró como ministro de Defensa al general Rafael Samudio Molina, un militar consecuente que jamás ha ocultado su desprecio por los derechos humanos?

Es ingenuo pensar que dictar un decreto para crear una oficina de derechos humanos equivale a protegerlos. Eso solo cabe en una mente formalista y burocrática. Tirado Mejía tuvo bajo su mando a asesores de saco y corbata. Samudio Molina, el enemigo de los derechos humanos, tenía bajo su mando a centenares de miles de hombres armados. ¿Por qué el profesor no cuenta que cuando el Gobierno colombiano nombró a Samudio Molina embajador en Suecia las autoridades de ese país, que ha acogido a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina, negaron el agrément? El exministro terminó entonces de cónsul en Nueva Orleans.

Tirado Mejía escribe la historia pintando pajaritos de oro, como cuando señala que el presidente Barco “enfrentó con valor y decisión al narcotráfico”. ¿De veras? Tirado Mejía oculta un hecho fundamental. Al posesionarse en 1986, Barco nombró como director general de la Policía Nacional al general José Guillermo Medina Sánchez. Este, como lo denunció en 1989 la revista Time, estaba en la nómina de Pablo Escobar y tenía nexos con Gonzalo Rodríguez Gacha. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. En el juicio quedó claro que cuando Medina Sánchez fue director de la Policía “no se vieron verdaderas y decididas acciones contra los narcotraficantes y las pocas veces que se intentaron resultaron frustradas por fuga de información”.

Si Barco realmente hubiera enfrentado con valor y decisión el narcotráfico, se habría asegurado de nombrar en la Policía a alguien que no pudiera ser comprado por los narcotraficantes. No se requería un título del MIT para sospechar que Pablo Escobar —que ya había mandado matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla— intentaría sobornar a la Policía, a los mandos militares y a los ministros. ¿Barco nunca oyó hablar del plata o plomo?

Si Tirado Mejía demuestra que Barco contrató a asesores de inteligencia de Israel para espiar a los altos mandos policiales y militares, y garantizar que no recibían coimas de los narcos, aceptaremos que su gobierno sí se enfrentó al narcotráfico. Mientras tanto, la defensa que el profesor hace de Barco está basada en lugares comunes, en clichés, en sandeces y en necedades, y en una memoria selectiva que calla y oculta hechos probados y demostrados que convenientemente se dejan por fuera para redactar un panegírico. Eso, sin mencionar a un tercer general que también fue brazo derecho de Barco: Miguel Maza Márquez.