Por: Humberto de la Calle

Bases norteamericanas

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE impulsar nuevos desarrollos en materia de cooperación con los Estados Unidos en narcotráfico y terrorismo mediante el uso de bases militares con propósitos de inteligencia es acertada y conveniente.

En lo interno, aunque las organizaciones criminales han sido golpeadas, la verdad es que se nota una renovada actividad por parte del las Farc. Han logrado capotear el vendaval y han llevado a cabo un importante proceso de reingeniería. Y el narcotráfico sigue. No comparto la tesis de Claudia López sobre la irrelevancia de la acción militar de las Farc. Me quedo con la interpretación de León Valencia, su compañero de viaje académico, quien sostiene que hay un cierto renacimiento de la guerrilla.

Es claro que la Constitución ordena consultar al Consejo de Estado. En efecto, esto obliga no sólo para el tránsito de tropas, sino para el estacionamiento de buques y aeronaves. El concepto del Consejo no es obligatorio para el Gobierno. En cambio, no hay necesidad de acudir al Senado. Primero porque no hay propiamente tránsito de tropas con fines militares en otro país, que es el origen de la norma. Y segundo, porque todo esto se hace al amparo de acuerdos vigentes.

En lo internacional, la retórica encendida va a ser incendiaria. Ya Evo llamó traidor a la patria a Uribe. El tema de la soberanía es sensible. Pero la verdadera soberanía desemboca en un esquema mínimo de seguridad humana para los habitantes. Quien la pone en riesgo no son los Estados Unidos, sino los grupos armados que han gozado de cierta protección allende las fronteras.

Habrá que hacer un esfuerzo diplomático para hacerle entender al vecindario que no hay propósitos agresivos internacionales en esto, como lealmente creo que no los hay. Pero de todos modos, allá en el confín de su temperamento, Chávez no respeta al que se agacha. Así las bases no tengan que ver con la revolución bolivariana, él dirá y creerá que sí. Mejor que lo crea. Hay un importante elemento de disuasión.

No pienso que esta plausible decisión el Gobierno vaya en contravía de los nuevos desarrollos que ahora se discuten en la cuestión de la droga, a instancias de importantes pronunciamientos de algunos ex presidentes, Cardozo y Gaviria entre ellos. Lo que se ha planteado es una visión de salud pública en materia de atención al adicto, algo que comparto. Pero a nadie se le ha ocurrido que, con legalización o sin ella, Colombia deba amilanarse frente a poderosas bandas que arriesgan a tomarse el Estado. Es una materia distinta e imperativa.

El gran y desagradable sapo de todo esto es el de la inmunidad para militares y contratistas. Las niñas violadas en Melgar por marines claman al cielo. Ojalá se pudiera establecer un sistema semejante al tratamiento de los delitos militares de nuestras fuerzas. En caso de actos cometidos en ejercicio de la función militar, pues que juzguen los tribunales norteamericanos. Pero debería rescatarse la jurisdicción colombiana al menos para los delitos comunes cometidos por fuera de los cuarteles.

Todo esto es impopular. Habrá vestiduras rasgadas a tutiplén. Pero este asunto debe mirarse desde una perspectiva estratégica, en un contexto latinoamericano de terrorismo cuya primera víctima es Colombia.

 

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