Besaile y Carebilla

El exsenador Musa Besaile compraba cupos indicativos de otros congresistas. Lo dijo ante la Corte Suprema de Justicia el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en una declaración desde Miami.

“Es una práctica usual en los pasillos del Congreso la compra de esos cupos, al punto de afirmar que, en su momento, Besaile podía llegar a tener más de $100.000 millones por año en cupos”, revelaron hace poco en El Espectador María José Medellín y Juan David Laverde.

“Esos negocios de corrupción se tejían a partir de esa asignación de cupos indicativos, donde un congresista compraba las asignaciones de sus compañeros”, afirmó Alejandro Lyons. “El senador Musa, sin temor a equivocarme, debe ser el congresista que mayor número de cupos ha comprado o negociado, o debe estar en el top”, agregó.

Esos cupos indicativos los creó el ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, Juan Manuel Santos. Son dineros que se entregan a los congresistas, en teoría para realizar obras en sus regiones. Son la mermelada, lo que antes se llamó auxilios parlamentarios.

Hace 10 años un exasesor del representante a la Cámara por el Amazonas Manuel Antonio Carebilla denunció ante la Corte Suprema que le oyó decir a Carebilla que éste había recibido $700 millones de parte de Musa Besaile como comisión por negociar un cupo indicativo que le correspondía al Amazonas para que Besaile se lo llevara para la costa Atlántica. El magistrado Sigifredo Espinosa se abstuvo de abrir investigación penal basado en varias afirmaciones escabrosas.

Una, que los auxilios parlamentarios están prohibidos desde la Constitución de 1991 y por lo tanto “ningún congresista de la República de Colombia puede recibir partidas presupuestales para invertir en su departamento o autorizar traslados de los mismos a otras regiones”.

Otro absurdo consistió en que el magistrado Sigifredo Espinosa le creyó a Musa Besaile cuando declaró por escrito lo siguiente: “Enfáticamente tengo que señalar que a mí jamás me entregaron u ofrecieron partidas del Presupuesto General de la Nación”.

Otra afirmación vergonzosa de Sigifredo Espinosa fue esta: “Resulta un exabrupto que el denunciante pretenda hacer creer que el Gobierno Nacional tiene a disposición de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso dineros o partidas del Presupuesto General de la Nación como costumbre clientelista para manejar el apetito de las mayorías afines al Gobierno”.

Lo que sí resulta un exabrupto aberrante es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiera tenido en su seno un magistrado que se abstenía de investigar conductas potencialmente criminales porque estaban prohibidas en la ley.