¿Bien atado?

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Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, se pasa de bromista: anunció que la Asamblea Constituyente (AC) ha decidido funcionar hasta diciembre. ¿Que lo decidió la AC? Es un buen chiste.

Maduro piensa que lo tiene todo bien atado. Seguramente sigue los consejos de sus asesores españoles —Rodríguez Zapatero y gente de Podemos, entre otros—, las sugerencias del Vaticano y de sus amigos de México y Argentina, sobre la necesidad de darle cierta legitimidad a la cosa, porque así ya no camina. Entonces procede, designa un consejo electoral títere, interviene partidos de la oposición, proscribe y mete en prisión a disidentes, acentúa control y censura de los medios de información, se hace con algunos socios cómplices “opositores” dispuestos a “competir”, disuelve la AC la que creó para copar la Justicia, el órgano electoral y desconocer la legítima Asamblea General, y llama a elecciones legislativas para el 6 de diciembre. Mediante un impecable y flagrante fraude, busca recobrar legitimidad. Bien pensado, pero todo depende de la decisión y acción de los encargados de desatarle el paquete.

El presidente interino, Juan Guaidó, ya rechazó el fraude, anunció un boicot e hizo un llamado a todas las fuerzas opositoras genuinas para aunar esfuerzos y concretar un gran pacto unitario para hacer caer la dictadura. Ojalá lo entiendan y apoyen.

Simultáneamente, la gran mayoría de los países latinoamericanos rechazan y denuncian ese plan electoral de la dictadura por falta de garantías. Lo mismo dice la Unión Europea, que pidió aplazarlas porque no existen condiciones para un proceso transparente y justo. Estados Unidos ya anunció que las desconocerá. Hace unos días una treintena de países firmaron una declaración conjunta reclamando un gobierno de transición y un posterior llamado a elecciones libres, justas y con todas las garantías.

Parece que todos lo tienen claro. En realidad, está clarísimo, es cuestión de desatarle el paquete a Maduro.

Pienso que con los informes de la Comisión de DD. HH. de la OEA, de distintos organismos internacionales y muy especialmente los de la comisionada de la ONU para los DD. HH., Michelle Bachelet, sobre lo que sucede en Venezuela es suficiente.

Pero por si hiciera falta algo, Amnistía Internacional (AI) acaba de denunciar y acusar a la dictadura venezolana de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios”. ¿A los trabajadores de la salud, en plena pandemia y con una creciente propagación del coronavirus? Maduro no tiene límites ni consideración con nada ni nadie.

“Están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”, desnuda AI. Califica al gobierno de ser totalmente irresponsable en las actuales circunstancias frente a la emergencia, además de poner en duda las “cifras” que compartió hasta ahora la dictadura de Maduro.

El organismo es contundente: “Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles”.

Ya sabemos que hay países y gobernantes cómplices, como AMLO de México, el gobierno kirchnerista de Fernández-Fernández en Argentina y el propio Vaticano, que por distintas vías, a veces más disimuladas y otras veces menos, hacen llegar su apoyo al régimen. Ya sea en su momento por el diálogo y ahora aplaudiendo el llamado al desde ya iniciado fraude electoral de diciembre.

Pero estos y la dictadura están desnudos y se los señala como tales.

Tampoco se puede esperar que los demás hagan por uno lo que uno no es capaz de hacer por sí mismo. La oposición venezolana tiene que mostrarse unida. Tiene que llegar a un pacto sin fisuras y sin pequeñeces, en pos del objetivo primero: llamar a elecciones libres.

Si esta vez tampoco lo logran, desilusionarán a quienes están dispuestos a ayudarles y así no habrá forma de desatarle el paquete al dictador.

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