Bienvenido el regaño de la JEP

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Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regañó de manera severa al Gobierno porque no está haciendo los esfuerzos suficientes para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las Farc. Ese regaño, que seguramente será cuestionado por el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y por el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, no podía ser más justo y necesario. Los hechos son tozudos: van 249 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, diez de los cuales han sido sacrificados en los dos primeros meses de este año. Según la JEP, si continúa la tendencia actual, en diciembre del 2026 los ex-Farc asesinados serán 1.600. Un verdadero genocidio que se acercaría al de la Unión Patriótica; una tragedia inenarrable para este país que se empeña en continuar en guerra y, por eso, castiga sin misericordia a quienes entregaron las armas ilusionados con la idea de construir su vida en paz.

Pero el pronunciamiento de la JEP no se limita a regañar al Gobierno, sino que emite órdenes muy concretas: luego de señalar que en los 280 procesos iniciados por homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de reincorporados de las Farc solo se han proferido 33 sentencias, y de decir que es muy poco lo que se ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales de los crímenes, la JEP le advierte al consejero Archila que él es quien debe velar por la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Al ministro de Defensa le pide que apoye a la Fiscalía para que avance en las investigaciones en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo. A la Defensoría del Pueblo le solicita que fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas. Al Ministerio del Interior le exige que responda rápidamente a esas alertas. Y al comisionado Ceballos le da 15 días para que envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.

Es a ese funcionario al que la JEP le dirige su más fuerte llamado de atención, pues, en su condición de secretario técnico de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Ceballos es uno de los mayores responsables por la demora en la adopción de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales pactada en el Acuerdo de Paz.

“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de dos años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dice la JEP. Agrega, además, que en julio de 2020 ya le había ordenado al alto comisionado que remitiera los lineamientos y el plan de acción de esa política pública, y “ni siquiera con esta orden la Comisión Nacional de Garantías ha finalizado los lineamientos”.

Sin embargo, ese justo regaño de la JEP al alto comisionado de Paz se debería hacer extensivo al presidente de la República, pues es él quien debe presidir las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se deben realizar mensualmente, pero en realidad son muy pocas las que se han celebrado en este Gobierno.

¿Por qué? ¿Será que así de poco les importan los asesinatos de excombatientes y líderes sociales? Por eso, mientras el Gobierno decide actuar, por favor, que la JEP lo siga regañando.

www.patricialarasalive.com, @patricialarasa

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