Por: Carolina Botero Cabrera

"Big data" en el Estado colombiano

El Departamento Nacional de Planeación publicó el borrador del CONPES para big data

Desde Karisma (donde trabajo) presentamos nuestros comentarios al documento de 170 páginas que estuvo disponible por tan solo 14 días para comentarios públicos. 

Creemos que estudiar lo que el Estado entiende por big data, cómo piensa aprovechar las oportunidades y la forma como implementará las garantías que nos protejan de los riesgos de ese ejercicio requiere de un análisis desde los derechos humanos. El uso intensivo de datos será cada vez más la forma como se tomen decisiones y sabíamos que el documento estaba por salir así que señalamos sus riesgos y oportunidades.

El objetivo central de este CONPES es aumentar la disponibilidad de datos en manos de las entidades públicas para que puedan aprovechar mejor su “valor económico social”. Para ello, busca organizar lo que hacen estas entidades con los datos, para que puedan usarlas tanto ellas como terceros.

Hay que resaltar que la propuesta identifica los principales riesgos del big data que ya habíamos evidenciado.

Respecto a esta propuesta de política pública, quiero resaltar algunos puntos. Primero,  el Estado no puede comportarse como un particular en la explotación de datos. La posición del Estado como centralizador de información para prestar servicios públicos, su poder de hacer efectiva su voluntad –incluso por la fuerza–, de tomar decisiones a partir de los datos que recolecta y, sobre todo, su obligación de cumplir fines sociales y de protección de derechos –no de hacer dinero– lo pone en una categoría diferente y le exige otros comportamientos.

Segundo, antes de pensar en abrir y explotar datos personales, necesitamos que el Estado produzca mejores datos sobre sus propios servicios. Por ejemplo, necesitamos mejores datos sobre el trabajo y desempeño de de la rama judicial o dar más acceso a la ciudadanía a los datos estadísticos que se usan como soporte de políticas públicas.

Quiero resaltar también que el documento no aborda el vacío colombiano sobre la autoridad de protección de datos para el sector público. Nuestra ley solo dice que la Delegatura para la protección de datos deberá remitir a la Procuraduría General los casos donde la violación de esta norma provenga de una entidad pública. Con esta insuficiente disposición, la realidad es que el sector público no tiene doliente en materia de protección de datos. Eso no es admisible ahora, mucho menos lo será si el Estado decide explotarlos sistemáticamente.

 

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