Por: Santiago Rojas

BIT a la lata

Colombia ha negociado varios Acuerdos de Promoción y Protección a las Inversiones (BIT, por sus siglas en inglés), bien sea de manera independiente o como parte de un acuerdo de libre comercio.

En los próximos meses se tendrán convenios en materia de inversiones con España, Suiza, Chile, Canadá, Estados Unidos —ya con el visto bueno de la Corte—, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se sumarán a los existentes con Perú y México. Y en un futuro no muy lejano entrarán en vigor más de una decena, actualmente en negociación.

Durante muchos años se vio truncada la intención de celebrar esta clase de acuerdos, debido a que la Constitución permitía la expropiación sin indemnización, figura que riñe con la seguridad jurídica para los inversionistas. Sólo a partir de 1999, cuando se cambió esta norma, fue posible iniciar este tipo de negociaciones.

Con los acuerdos para la protección de las inversiones se garantizará el respeto a la propiedad, a la transferencia de divisas, a que no se presentarán abusos de la fuerza pública contra las instalaciones, a que los inversionistas extranjeros recibirán el mismo trato que los nacionales, y además, se les permitirá acudir a un tribunal de arbitramento internacional en caso de que consideren vulnerados sus derechos.

Los BIT, sumados al buen ambiente para los negocios y a la política de seguridad democrática, impulsarán la inversión extranjera en el país. Pero no todo es color rosa. Estos acuerdos exigirán mayor respeto de las normas por parte del Estado —tanto de las autoridades nacionales como de las locales—, pues si se violan las reglas acordadas, éste tendrá que responder, y responder en serio, pagando cuantiosas sumas por los perjuicios causados.

Si bien hasta el momento Colombia no ha sido demandada ante tribunales internacionales por temas de inversión, en vista a los numerosos acuerdos que entrarán a regir en el futuro cercano, es indispensable que los funcionarios conozcan muy bien las normas acordadas para evitar su incumplimiento y que no se presenten posibles demandas. Asimismo, se debe preparar desde ya a quienes tendrán la tarea de defender los intereses del país en las controversias que puedan surgir, pues estos serán pleitos muy complejos que exigen un alto conocimiento jurídico. Estamos a tiempo, pero no podemos esperar a que surjan los problemas para prestar la atención que se merece este tema.

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