Por: Cristina de la Torre

Bogotá descentraliza el carrusel

NO ES SÓLO QUE PREFIERAN A URIBE como candidato a la Alcaldía. Es que, de resultar elegido Peñalosa, concejales de la U perderían su parte en el chicharrón de 600 mil millones que hoy llegan a las localidades del Distrito, gracias a la descentralización presupuestal que Moreno restableció.

Un sordo descontento reverbera en ese partido, pues el candidato verde retomaría el control de los Fondos de Desarrollo Local. Réplica del carrusel de la contratación que se armó desde la Alcaldía mayor, la inversión en las alcaldías menores se resuelve en la informalidad de mil contratos suscritos entre amigos, sin licitación, sin control ni respeto por las normas de contratación pública. Resultado: entre un puñado de alcaldes menores, ediles, contratistas y políticos se festinan el erario. Todo a título de desconcentrar, que es bandera de demócratas. No habiendo plan ni modelo de ciudad, se descentraliza lo que hay: pequeñez de miras, improvisación, corrupción. Y eficiencia en la organización del convite. Se sabe de localidades que formalizan la repartija en documento escrito: a la vera del presupuesto oficial se agazapa el “Plan de acción” que asigna a cada edil sus contratos y montos y gabelas.

El decreto 101 de 2010 entrega a las alcaldías menores la contratación de su localidad. Si el ordenador del gasto era antes el poder central, ahora lo son los alcaldes. La nueva disposición da autonomía para contratar, pero con arreglo a las normas de contratación pública. Sólo por excepción permite contratación directa. Y ésta ha de suscribirse con entidades sin ánimo de lucro, de reconocida experiencia, solvencia y probidad. Sin embargo, la excepción derivó en norma: en la localidad de Teusaquillo el 97,7% de los convenios va por contratación directa. Sin licitación. A dedo. Se montaron en la ciudad en estos años 140 comedores comunitarios, con una inversión de 42 mil millones. Sorpresa: sólo tres de ellos fueron asignados por licitación. En esta feria de convenios descuella un contingente de contratistas que venía de financiar la campaña de Iván Moreno. Con una tal Fundem —presuntamente en cabeza de Diana Mesa, novia de un concejal— se firmó en San Cristóbal un convenio de apoyo a ancianos por cien millones. La ONG desarrolló mal el programa y no depositó los auxilios prometidos. Pero la alcaldía le certificó cumplimiento del 100%. ¿¡Y la plata!? Caso patético de un contrato disfrazado que se le entrega a un inepto, para favorecer a un concejal.

Entre otros, la edil de Teusaquillo María Fernanda Rojas pidió a los organismos de control investigar al concejal de la U Andrés Camacho Casado, “cerebro de cinco fundaciones que contratan con entidades del Distrito” y universidades que subcontratan la ejecución de los convenios con esas mismas firmas. Tales fundaciones operarían en casas del concejal —que fueron también su sede de campaña— y mantienen estrecha relación con su equipo político. No se licita. Todo lo acaparan personajes que fungen a la vez como interventores y ejecutores de los contratos, en intrincada red que intercambia posiciones en esas fundaciones. Antes de llegar al Concejo, Camacho había sido alcalde de Kennedy. Y fue allí donde las cinco fundaciones lograron el mayor número de contratos. Hoy sería enlace de Julio Gómez y Emilio Tapia, astros del cartel de la contratación en Bogotá. Y sería, claro, beneficiario de la descentralización del carrusel. Premio que no querrá perder a manos de Peñalosa.

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