Por: Columnista invitado

'A Bogotá le conviene el nuevo sistema de aseo'

El concejal Carlos Vicente de Roux explica por qué es importante continuar con el esquema de recolección de basuras propuesto por el alcalde Gustavo Petro. Advierte, sin embargo, algunas dificultades con autoridades nacionales y operadores privados.

 Va a pasar algo bueno con los residuos sólidos. Bogotá dejará de convivir con 3 absurdos: ahogar el relleno con 6.300 toneladas diarias de basura, porque no se practica la separación en la fuente y se recicla poco; mantener al único sector que hace algo al respecto (los recicladores que procesan 1.200 toneladas diarias en condiciones de trabajo indignas) y permitir que las utilidades de los operadores privados sean desproporcionadas (su margen operacional, utilidades sobre ingresos, se acerca al 50%).

Con esos propósitos el Distrito está asumiendo transitoriamente el control del servicio, ya sea para prestarlo directamente en varias zonas o para subcontratarlo con operadores particulares bajo condiciones de inclusión a los recicladores y rentabilidad razonable.

Lo feo ha sido la actitud de las autoridades nacionales, la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) y las Superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos. Estas entidades se han negado a entender que al intervenir para salvaguardar los derechos fundamentales de los recicladores, la Corte creó una situación jurídica excepcional que prevalece sobre las disposiciones de la ley de servicios públicos. Según la Corte, la Administración Distrital deberá normalizar en el menor tiempo posible la recolección de los residuos “a través del esquema que estime pertinente”, “garantizando alternativas a través de las cuales sectores de la población tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la prestación del servicio […] en sus componentes complementarios de reciclaje, transformación y aprovechamiento”. Y en caso de que el Distrito saque a licitación la prestación del servicio “o establezca la operación bajo cualquier otro esquema, se deberán incluir acciones afirmativas en favor de la población de recicladores”.

Alguien debería explicarles a las autoridades nacionales qué significa la prevalencia de la Carta de Derechos sobre la ley, cuáles son las atribuciones de la Jurisdicción Constitucional, qué es la excepción de constitucionalidad y para qué sirve la acción de tutela.

El Distrito se encuentra con que debe cumplir las órdenes de la Corte y con que los dos regímenes previstos en la ley de servicios públicos no son conducentes para hacerlo: el de dar en concesión unas áreas de servicio exclusivo, porque la licitación se demorará por lo menos un año, y el de libre competencia, porque no es posible incorporar a esa población en la cadena de generación de valor y remunerarla dignamente si las autoridades no tienen el control del conjunto de la operación y de la tarifa.

¿Qué pasaría si, como lo quieren la CRA y las Superintendencias, el Distrito acepte que a partir de hoy impere la libre competencia? Los operadores privados consolidarían un oligopolio con barreras de acceso a futuros empresarios, descremarían el mercado cubriendo solo las zonas rentables (dejando las demás a cargo del Distrito, sin posibilidad de recuperar costos vía tarifas) y realizarían inversiones (en equipos, etc.), que darían lugar a grandes indemnizaciones a su favor cuando el ente territorial reasumiera el control y sacara a licitación las áreas de servicio exclusivo.

 

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