Bogotá necesita un censo de hogares

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Por Ernesto Rojas Morales*

En respuesta al editorial del 13 de mayo de 2020, titulado “No descuidemos la privacidad en la pandemia”.

El editorial pone en duda la conveniencia y oportunidad de aplicar las tecnologías de la información con el pretexto de combatir la pandemia. Siguiendo la invitación del editorialista a hacer una pausa reflexiva, propongo que se considere, por fin, el establecimiento del registro obligatorio de domicilio, como lo tienen los países europeos y como ya en 1970 se había instituido en el Decreto 1260, al incluir como parte del registro civil la manifestación de avecindamiento.

Sin duda la privacidad de los datos personales debe ser protegida, pero también es cierto que existe la Ley 1581 de 2012, cuya correcta aplicación permite a todas las personas ejercer el derecho a conocer, actualizar, rectificar y proteger la privacidad de las informaciones que sobre él se hayan recogido y sean susceptibles de tratamiento por entidades públicas o privadas.

La identidad del ciudadano, además de la información contenida en la cédula, debe incluir la forma en que se relaciona con el tejido social: su hogar, lugar de habitación y el oficio que ejerce, entre otras condiciones. Este conjunto de informaciones debería estar disponible y ser analizado por las administraciones municipales, si en verdad quieren formar parte de la nueva categoría de ciudades inteligentes (Smart Cities). La tecnología permite, a costos muy bajos, recolectar información sobre cada individuo, acumularla en grandes bases de datos y analizarla para medir fenómenos o predecirlos y poder ofrecerles a todos el ejercicio del llamado “derecho a la ciudad”, estructurado desde los años 60 por el sociólogo y filósofo francés Henri Lefebvre y luego complementados por el español Jordi Borja.

La alcaldesa de Bogotá es la única autoridad municipal autorizada (artículo 35, Ley 1421 de 1993) para establecer, por simple decreto, el registro obligatorio de domicilio como un medio necesario para garantizar la protección de los derechos ciudadanos de todos los habitantes de la capital. Las personas, al momento de radicarse en el Distrito Capital, deben inscribir el lugar de su domicilio y cuando se trasladen a otro lugar o abandonen la ciudad, deben comunicarlo. Al hacer cada registro, pueden actualizar información sobre la composición de su hogar, las condiciones de la habitación que ocupan e inscribir las demandas de servicios de la ciudad que consideren necesario solicitar en cuanto a su condición de salud, ingreso, empleo, seguridad o educación. 

Este conjunto permanentemente actualizado de registro de domicilio, registro civil, seguridad social (Adres) y suscriptores de servicios públicos conformaría la big data, que le permite a la administración distrital planear la atención en salud, vivienda y educación, así como disminuir el gran número de muertes evitables, repartir el ingreso mínimo garantizado y dar apoyo a la gran masa de familias empobrecidas, que se incrementará con la actual crisis y proteger a todos los ciudadanos de la gran oleada de delincuencia que despertará la hambruna que se avecina.

Esta herramienta, que es un censo de hogares permanente, permite tomar decisiones con base en evidencias.

*Exdirector del DANE.

 

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