Por: Eduardo Sarmiento

Bogotá social

En el debate público de Bogotá aparece una ciudad antes y después de Mockus y Peñalosa. Se dice que luego del 2003 la ciudad decayó en todos los aspectos. Infortunadamente, el análisis de las dos ciudades no se ha realizado objetivamente y se ha caído en los señalamientos personales.

Durante mucho tiempo Bogotá actuó como una agencia de obras civiles del Gobierno central. El presupuesto distrital no llegaba a 3% del PIB, el gasto social dependía de las transferencias regionales y no cumplía con las mínimas necesidades de asistencia. Así, la ciudad a comienzos del siglo registraba niveles de pobreza de más de 40%, desempleo de 15% y reducido acceso a la educación y a la salud.

Entre el 2004 y 2015 las condiciones sociales de la ciudad cambiaron drásticamente. Las administraciones ampliaron los presupuestos y orientaron el gasto hacia los sectores de menores ingresos y fortalecieron la salud y la educación. La pobreza está por debajo de 10% y el desempleo en 8%. Los avances de estos indicadores no sólo son mayores en Bogotá que en el resto del país, sino que fue imitada en muchas ciudades. El gasto social se convirtió en prioridad de la política pública.

El principal cuestionamiento a la actual y las anteriores administraciones está en la movilidad. Si bien en esto influyó el cambio de prioridades, la explicación principal está en los errores de planeación. Los transmilenios se justificaron con costos por kilómetro US $5 millones y las últimas obras salieron a US $ 40. Por lo demás, todos los gobiernos se han resistido a contribuir con el 70% para la realización de las obras municipales.

Clara López tiene el estudio más completo sobre el metro y ha sido testigo de primera línea de los obstáculos que lo postergaron durante décadas. Más aún, dispone de la independencia política para exigirle al Gobierno la financiación del 70% de la obra.

El modelo económico de los últimos años de commodities, actividades de bajo contenido del conocimiento y los servicios, impide el avance productivo de la ciudad. Bogotá no ha logrado pasar del primer peldaño de la escalera tecnológica de bienes intensivos en mano de obra no calificada. La mayoría de las empresas industriales importan el doble de lo que exportan. Más de la mitad de la fuerza de trabajo está en la informalidad con salarios inferiores al mínimo y sin prestaciones sociales. Clara plantea una política industrial para entrar al segundo y parte del tercer peldaño de la escalera tecnológica con un amplio apoyo a las empresas de contenido de conocimiento. Para tal efecto, conformaría un consejo de fomento industrial con participación del sector privado para definir las condiciones de las empresas y los términos de los apoyos en crédito, asistencia técnica y proyectos conjuntos con las empresas distritales.

Clara López, como promotora de la política asistencial en Bogotá, está comprometida en mantenerla y perfeccionarla con una educación más integrada y con un mejor sistema de intermediación de salud. También advierte que es necesario el concurso privado para reducir las enormes desigualdades de Bogotá. El retorno del capital es más alto que en el resto del país y la exclusión del 40% no se compadece con la prosperidad de la urbe. De hecho, en su administración se abrirían camino las tesis de un acuerdo para elevar la contribución del capital en los impuestos predial y de valorización y movilizar los recursos para subsidiar en medio salario mínimo a las empresas que amplíen la nómina de trabajadores que provienen de la informalidad. La fórmula quebraría la informalidad en cinco años, incrementaría el ingreso del 40% más pobre por encima del promedio y reduciría en forma considerable el coeficiente de Gini.

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