Por: Nicolás Rodríguez

Bojayá, sin derecho a la no repetición

Es fácil y práctico ceder ante la inercia de lo conocido tras tantos años de conflicto armado en el Pacífico colombiano. Las explicaciones suelen repetirse. El abandono estatal se usa como comodín. Lo mismo ocurre con el narcotráfico.

Se habla tanto de corredores estratégicos que ya no es posible imaginar el territorio y a sus habitantes desde lógicas que no sean las que dicta la seguridad. Es tan ancha y abarcadora la presencia del relato del narcotráfico que se hace difícil defender el derecho de la población civil a existir sin parecer sospechosa de algo.

Todo lo que ocurre parecería ser parte de una violencia inevitable y natural. Una violencia cíclica, jurásica. Una ola de violencia. Los protagonistas de la masacre de Bojayá en el 2002 serían los mismos que asedian la región desde hace varios meses. En esta narrativa no hubo proceso de paz con las Farc ni desmovilización. En el peor de los casos, todo es disidencias. En el mejor, seguimos ante una amenaza terrorista.

No hay diferencias posibles entre lo que eran las Farc como guerrilla y lo que es el Eln. Por lo mismo, establecer continuidades y discontinuidades entre momentos históricos carecería de interés. En vez de exigir el derecho a la no repetición, prácticamente partimos de la inexistencia de la justicia transicional. Hay una autocomplacencia en el argumento general que nos lleva a considerar que seguimos en las mismas de siempre y con los mismos. Son los cimientos de una teoría que, a fin de cuentas, es mucho más conservadora de lo que sus predicadores imaginan.

Un ejemplo bastaría para ilustrar el punto. Establecer el origen y la composición del Clan del Golfo, cuya presencia y enemistad con el Eln disparó las alertas tempranas de la Defensoría, es una imposibilidad en este marco interpretativo. Sus posibles vínculos con las fuerzas del Estado son indecibles. No hay forma siquiera de empezar a enunciarlos.

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