El boletín 189 de la Corte Constitucional, emitido hace un par de días, le repite al Gobierno del presidente Duque los lineamientos para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Por si los olvidaron (o de plano se los quieren saltar).
Lo requerido para la emisión de una licencia ambiental que autorice la aspersión apunta hacia la evaluación del riesgo y la participación de los afectados. Operaciones que el Gobierno insiste en adelantar con más mala leche que razonamiento técnico: en plena pandemia, a las carreras y por encima de los problemas evidentes de conectividad de las poblaciones afectadas.
Suponiendo que se las arreglen para burlar ese lineamiento, como parece que será el caso, todavía estamos a la espera de un ajuste en los procedimientos de queja. Las quejas ya eran posibles antes, en los tiempos del Plan Colombia, pero en su mayoría fueron negadas (no nos da las coordenadas exactas de su parcela, usted no vive ahí, a esa hora no pasaron las avionetas, eso que le salió pudo ser derivado de otra cosa).
Y es que el boletín no se pone con evasivas. En comillas, aquello que necesita el Gobierno para reanudar la aspersión aérea: “Evidencia objetiva y concluyente que demuestre la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”. Objetiva y concluyente, dos características raras para una administración que se ha limitado a la narrativa del narcotráfico como principal y único problema por solucionar.
Diferenciar entre eslabones, si cadena de producción o distribución de drogas, es justamente otro de los lineamientos que no hacen parte de los planes del Gobierno. En la agenda del ministro de Defensa y sus antecesores, familia que cultive coca es un grupo narcotraficante.
E igual nos recuerda el boletín que solo se podrá volver a la aspersión aérea cuando la sustitución voluntaria falle y la erradicación manual haya fracasado. Es decir, en el marco del punto 4 del Acuerdo Final de Paz.