Por: Óscar Alarcón
Macrolingotes

Bolívar y la corrupción

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos de Cristo la hubo. ¿Acaso Judas no vendió al Mesías por 30 monedas de plata? Pero sin irnos tan lejos, cuando comenzaba la República, el Libertador Simón Bolívar miraba el fenómeno con asombro y desde el Perú expidió un decreto para atacar tan nefasto delito, el 12 de enero de 1824. Allí consideraba como una de las principales causas de los desastres la dilación de los fondos por algunos funcionarios y que el único medio “de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes”. Lo decía él, quien en ese momento era dictador.

En consecuencia decretaba:

“Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos arriba queda sujeto a la pena capital”.

“Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

“Artículo 3. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo lº”.

“Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de él en todos los despachos que se libren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos”.

¿Qué tal el decretico? ¡Pena de muerte! Con seguridad que nuestra población se reduciría a sus justas proporciones. Y en el vecino país, en la República Bolivariana de Venezuela, tendrían que autoincriminarse quienes hoy se llaman defensores del pensamiento del Libertador y sin embargo hacen parte del cartel de los soles, que alumbra mucho, por lo general.

 

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