Por: Luis Carvajal Basto

Bomba y política

El atentado a Caracol es también contra el gobierno Santos y  el bien más preciado por todos los colombianos: nuestro derecho a ser Libres. Al igual que en el pasado, es hora de rodear al gobierno y las Instituciones, sin olvidar que quienes pusieron la bomba quieren que el país mire para otro lado.

En la Colombia reciente, la opinión ha votado consecutivamente por una forma de gobierno que le garantizó una respuesta a la imposición de los violentos. Al secuestro. Al caos. En 1998, el candidato Uribe necesitó poco más que la consigna de “Libertad y Orden” para conseguir el favor popular. Para muchos fue el momento en que Colombia se “derechizó”. Para otros ha sido la forma en que se garantizaron las Libertades para las mayorías. El rescate de la autoridad no perfecta, sí legítima.

¿El atentado quiere decirnos que estamos en el mismo lugar luego de ocho años de Uribe? Esa es una lectura adicional, aparte de la mordaza implícita que significa el objetivo escogido. Pero en democracia el terror no es un arma política, contrario a lo expresado por el vocero del departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo es de intereses y expresiones minoritarias que pretenden doblegar a la sociedad sin contar siquiera con un mínimo respaldo popular.

Encontrar a los responsables del atentado es un asunto urgente de policía. En otra esfera funciona nuestra realidad política. El mensaje que trae la bomba significa que algunos se sienten excluidos del acuerdo promovido por Santos y tampoco se acomodan al rol de opositores. Su regla es que no acatan reglas, dejando una sola respuesta posible por parte de la sociedad y el gobierno: el uso de la autoridad  para preservar los derechos de todos.

Pero ¿es eso lo que pretenden los promotores del atentado como lo expresan algunos? Puede ser, pero el asunto no es, tan sencillo. La pregunta de fondo es si nuestras Instituciones se encuentran preparadas para afrontar un nuevo embate terrorista, sin Uribe y la respuesta es, indudablemente, que como nunca antes, a pesar de lunares como el evidente desorden casi caótico de la rama judicial. Si aplicamos regla de tres a lo ocurrido con la elección de fiscal, contralor, nuevos magistrados Y Presidente de la Corte ¿Cuánto tardaremos en encontrar, Juzgar y castigar a los responsables del atentado?

No es un buen momento para discusiones filosóficas, pero tampoco para prescindir de ellas. Al gobierno corresponde actuar contra los responsables y seguir adelante con las reformas política, judicial, etc., en un ambiente plural en que todos opinen. El país no puede detener su marcha.

 

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