Por: Armando Montenegro

Bonanzas y problemas

La experiencia internacional muestra que, si no se toman las necesarias precauciones, el despegue de lo que se llama la locomotora de la minería y el petróleo puede ocasionar, por lo menos, cuatro dificultades:

(i) la llamada enfermedad holandesa (revaluación y decaimiento relativo de la industria, la agricultura y las exportaciones no tradicionales); (ii) desastres ambientales; (iii) incremento de la corrupción y extensión de la cultura de distribuir rentas (contraria a la de crear riqueza), y (iv) aumento de la violencia en las zonas apartadas donde tiene lugar el auge económico.

Por estos motivos, diversos analistas registran con cierta preocupación la noticia de que Colombia se está transformando rápidamente en un país minero y petrolero.

El problema es que la actual bonanza petrolera y minera tomó al país con los calzones abajo: la institucionalidad minera estaba desarreglada; se había eliminado el Ministerio de Ambiente y muchas CAR eran inoperantes; reinaba una fuerte ola de corrupción; se daban condiciones propicias para la enfermedad holandesa: poco ahorro fiscal y una prolongada tendencia a la revaluación. Como si fuera poco, se mantienen los vasos comunicantes entre los auges económicos y la violencia en sus zonas aisladas.

Este último punto es relevante. Cuando se disparan los precios internacionales, la locomotora que primero coge velocidad —pues no necesita permisos ni vistos buenos— y causa, de inmediato, todos los problemas mencionados, es la minería ilegal. Atrae masivamente inversiones y trabajadores, y desincentiva las actividades tradicionales. Ocasiona graves daños ambientales, tal como se evidencia donde opera la explotación ilegal de oro. Y, no menos grave, estimula las actividades de aventureros, el crimen organizado, bandas armadas y toda suerte de grupos ilícitos.

Desde hace décadas los homicidios, secuestros y extorsiones se asocian con las bonanzas que ocurren en las zonas con escasa protección del Estado. La violencia no se concentra en regiones pobres, sino donde se lucha por los excedentes de lucrativos negocios ilícitos. Varias investigaciones internacionales confirman que el tráfico de heroína, diamantes y metales preciosos alientan guerrillas, rebeldes y guerras civiles en varios países del mundo.

La coca ha financiado, desde hace muchos años, al Eln, las Farc y los grupos paramilitares. El secuestro y la extorsión alrededor de los proyectos petroleros les han dado oxígeno a esos mismos grupos ilegales (el caso emblemático fue el de Mannesmann y el Eln). La desviación de regalías, la salud y las transferencias fiscales a municipios y departamentos periféricos también han acabado en manos de guerrilleros y paramilitares. Y, ahora, la fiebre del oro ilegal financia todos esos grupos.

Las bonanzas mineras y petroleras dificultan la conclusión de las tareas de pacificación y de consolidación de la presencia del Estado en zonas antes ocupadas por la guerrilla y los paramilitares. Como lo está haciendo el Gobierno, es necesario reforzar la vigilancia y la seguridad de las zonas apartadas donde avanza esta locomotora.

Colombia puede beneficiarse de su acelerada transformación en un país minero y petrolero sólo si establece, en forma consciente y activa, políticas efectivas para contrarrestar las dificultades relacionadas con el crecimiento de estas actividades.

 

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