Bosque, compensación y reactivación económica (I)

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Con un 51 % de la superficie del país que es bosque, la pregunta es: ¿cuál es el papel económico, social y ambiental que cumple el bosque en Colombia? Dada la incertidumbre sobre “la nueva normalidad” generada por el COVID-19, el Foro Nacional Ambiental inició una conversación para evaluar el pasado, presente y futuro del bosque en Colombia e identificar su papel en la recuperación económica.

Hay consenso en las causas de la destrucción del bosque: especulación predial, concentración de la tierra, desplazamiento del campesino desposeído, el carácter ilegal asignado al cultivo de coca y al narcotráfico, y la construcción de carreteras. Un argumento importante, precariamente discutido, es el pequeño beneficio que perciben, por sus recursos y conservación, tanto el país como las comunidades locales. Para que Colombia entre en la era de la restauración 2021-2030, convocada por Naciones Unidas, incrementando su área en bosques, es necesario que los beneficios y recursos obtenidos por el país y la comunidad por mantener el bosque sean por lo menos iguales a los obtenibles por otras formas de uso del espacio.

En las microcuencas los beneficios locales y regionales de la conservación y recuperación de los bosques para regulación hídrica es evidente, y debemos recuperarlas y conservarlas por razones de interés público y beneficio social e individual. La pregunta es cómo proteger las grandes extensiones de bosque de la Amazonia y el Choco biogeográfico, cuyos beneficios por regulación climática y conservación de biodiversidad son globales y no solo locales o nacionales, y donde la compensación a través de recursos internacionales es determinante. Nos interesa su conservación, siempre y cuando la suma de los beneficios globales, nacionales y locales sea superior a su uso en otros propósitos. Cada grupo de beneficiarios debe cooperar financieramente para conservar el bosque según la magnitud de los beneficios percibidos y su capacidad de pago.

La compensación debe cubrir el costo de la gestión de conservación y lo que enfrenta el país como costo de oportunidad al no usar ese espacio para otros fines. El monto que la comunidad internacional debe transferir debe estar determinado por los servicios ecosistémicos del área que permanece en bosque —mayor el área en bosque, mayores los beneficios que genera— y no como se ha pactado hasta ahora, que ha sido por el cambio marginal del área en bosque, según un compromiso de disminución del área anualmente deforestada.

Los recursos percibidos por las comunidades que adelantan una gestión de conservación productiva deben incluir el ingreso generado por la extracción sostenible de recursos del bosque más el pago de terceros que reciben el servicio ambiental generado por el bosque. En el caso de la conservación estricta adelantada por la comunidad, la transferencia debe incluir los costos de gestión de la conservación más el costo de oportunidad de usar el suelo para bosque y no para otro proceso productivo.

Colombia deforesta al año aproximadamente un 0,4 % de su área boscosa. Esto nos puede llevar a un colapso ecosistémico y climático. En la Amazonia, una vez pasemos la frontera estimada del 20 al 25 % del área deforestada, podemos llegar al punto de no retorno (Lovejoy & Nobre, 2018) y entrar en el abismo climático. Tenemos que cambiar el paradigma y pasar del concepto de frontera agrícola al de frontera productiva climáticamente responsable que incluye el bosque, su conservación y aprovechamiento sostenible.

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