En vivo: ¿Qué le falta a la justicia transicional?

hace 3 horas
Por: María Elvira Samper

Buen gobierno en entredicho: ¿reelección embolatada?

Mala hora, muy mala hora para el presidente Santos y el Gobierno de la Unidad Nacional.

En menos de dos meses han hecho eclosión movimientos y protestas sociales con bloqueos de vías, como último recurso, que son consecuencia de reclamos no atendidos, promesas incumplidas y deudas sociales pendientes. De gobiernos anteriores y de éste, como lo reconoció el presidente hace pocos días cuando dijo, sin ruborizarse, que ha incumplido cuatro de las siete promesas que hizo sobre el sector agrario.

Primero fue el paro del Catatumbo, que duró cerca de un mes y evidenció la falta de previsión del Gobierno, y que terminó donde debió haber empezado: en una mesa de negociación. Ahora es el paro agrario, con los paperos, cebolleros y lecheros como principales protagonistas, el que Santos intentó minimizar: “No hay tal paro nacional”, dijo en tono arrogante. Indignó aún más a los indignados y desató la furia en las redes sociales por las que circulaban videos que mostraban la violenta intervención del Esmad. Fue como tratar de apagar un incendio con gasolina: las calles de Tunja se llenaron de estudiantes, camioneros y campesinos que improvisaron un cacerolazo, y hasta en el norte de Bogotá hicieron eco a la protesta. Debió recoger velas, rectificar e incluso pedir disculpas por el uso excesivo de la fuerza.

La protesta social crece. Los sindicatos, los estudiantes, los trabajadores de la salud y los sectores sociales se unieron al paro por solidaridad y por motivos propios. Y meses antes se movilizaron los cafeteros, los paneleros, los cacaoteros, los arroceros…, que enfrentan problemas comunes, como los altos precios de fertilizantes y pesticidas, el contrabando y la competencia de productos importados, y que piden el desmonte del oligopolio de los insumos agrícolas y la revisión de los tratados de libre comercio. También se han hecho sentir los mineros artesanales y ambientalistas, y comunidades que se oponen a las explotaciones mineras, y los trabajadores de las petroleras y del carbón que se fueron a la huelga.

El incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno ha sido el detonante de muchas de las protestas que, además, revelan una crisis profunda en varios órdenes: crisis de representatividad de los partidos y los gremios que no representan los intereses de los sectores vulnerables; crisis de credibilidad del Gobierno que incumple compromisos y cuyo discurso se contradice en la práctica y, sobre todo, crisis del modelo que identifica crecimiento con desarrollo, que prioriza el libre mercado y la libre competencia, pero no desarrolla políticas para competir en un escenario de globalización, que privilegia la gran agricultura y que minusvalora el papel del campesinado en la producción de alimentos, la sostenibilidad ambiental y la participación de las regiones en la definición de las políticas públicas.

El Gobierno se ve débil y desconectado de la gente, y las necesidades de los productores del campo —campesinos y pequeños y medianos empresarios—. El presidente se muestra errático, parece no tener un diagnóstico claro, vacila sobre el camino a seguir. Al parecer, duda entre dos visiones encontradas en el seno del Gobierno: la que ve la mano de la Marcha Patriótica y la influencia de las Farc detrás de las protestas (la teoría de la conspiración del ministro de Defensa), y la que reconoce la legitimidad de las movilizaciones que vienen gestándose de tiempo atrás, pero no desconoce que algunas pueden estar infiltradas por agentes de la guerrilla (la de ‘Lucho’).

El liderazgo del piloto luce débil para manejar con acierto e inteligencia la protesta social y su ‘buen gobierno’ está en entredicho. La reelección puede embolatarse.

 

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