Por: Daniel Mera Villamizar

Buenaventura: entre el empoderamiento social y la desinstitucionalización

El paro cívico desencadenó un proceso de cambio político todavía incierto.

Prever escenarios de evolución de Buenaventura e incidir sobre su curso deseable no es una responsabilidad del gobierno nacional (de turno), sino del Estado. El comercio exterior, la inserción en la cuenca del Pacífico, la economía nacional, el mar territorial, el combate al narcotráfico y la solución a la inequidad social del Pacífico sur colombiano tienen que ver, notablemente, con Buenaventura.

Que cada nuevo gobierno nacional llegue a improvisar con esta ciudad-puerto es una muestra más de la poca sofisticación del Estado que tenemos. Carlo Tognato, profesor italo-colombiano de la Nacional, ha llamado la atención sobre la falta de “inteligencia estratégica propia de un Estado democrático moderno” en nuestro país. Buenaventura, sin duda, amerita una inteligencia estratégica del Estado.

Esta semana hubo intensas reuniones del gobierno central con el comité del paro cívico para evaluar el cumplimiento de los compromisos del levantamiento del paro. El ministro del Interior presentó el proyecto de ley que crea el “Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura” —de patrimonio autónomo y régimen de derecho privado —, que ya tiene mensaje de urgencia, y ahora depende del trámite en el Congreso.  

A la ley del fondo seguirán la elaboración y aprobación del “Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito” a diez años y la batalla por el presupuesto prometido de $1,6 billones —en medio de estrechez fiscal—. En resumen: los ministros Rivera y Murillo hacen su mejor esfuerzo para conjurar el riesgo de otro paro cívico que, según gustan decir algunos líderes sociales, solamente “está suspendido”. Justamente ahí comienzan las preguntas estratégicas de corto, mediano y largo plazo.

Un par: ¿en qué “momento” está Buenaventura por el paro cívico y qué es necesario hacer que no está contemplado en los acuerdos del paro cívico? El principal efecto de este ha sido un empoderamiento o toma de poder político de facto por parte del liderazgo social. El gobierno nacional se vio obligado a firmar decisiones que implican un desconocimiento de la institucionalidad local, que no pudo ser defendida por sus titulares, deslegitimados y débiles por hechos de corrupción.

En la Junta Administradora del fondo, que aprueba el plan de inversiones, la comunidad tiene cinco miembros, coordinados por el comité del paro, frente a un (1) voto del alcalde. Habrá dos planes de desarrollo en Buenaventura, durante diez años, el del alcalde elegido y el del comité del paro a través del fondo, plan que se “articulará”. El próximo gobierno no podrá corregir esto porque le harían paro cívico.

(En un sondeo a 13 líderes de opinión, frente a incumplimiento del gobierno, 54% prefirió “mostrarle al gobierno que el paro cívico es una opción real” versus 46%, “hacer todo lo posible por evitar otro paro cívico”).

Un escenario probable es que un líder del comité del paro gane la Alcaldía en 2019 y en esas condiciones decidan acordar con el gobierno nacional tener un solo plan de desarrollo para Buenaventura, el de la Alcaldía —sumando los recursos del Fondo de patrimonio autónomo—, sin el fastidio de los siete (7) miembros del gobierno central de la Junta Administradora.

El comité del paro pasaría a sesionar en la sala de gabinete de la Alcaldía distrital, en un histórico hecho de empoderamiento social y político, también en el Concejo. Se trata, pues, de un momento de cambio político todavía incierto.  

Así que la visión de Colombia 2032 —o la que logremos luego de resolver la polarización—  tendría que anticipar los términos de cooperación y negociación con un alcalde de izquierda de Buenaventura, tal vez Víctor Vidal (exconcejal del Polo). Una lectura atenta de los acuerdos y del proyecto de ley del fondo permite prever el choque ideológico: este gobierno firmaba cualquier cosa, pero de pronto el próximo no. De entrada, el plan a diez años se inclina por ignorar el Plan Buenaventura 2050.

A la desinstitucionalización de la administración y la democracia locales, hay que levantarle una institucionalidad de la sociedad civil que no se soporte exclusivamente en los mecanismos de resistencia social de la visión del comité del paro. Se necesitan mecanismos delegados con soporte técnico.

En el sondeo, a la pregunta “de los siguientes posibles instrumentos de la sociedad civil para vigilar la administración pública y la democracia local, ¿a cuál le da prioridad?”, 77% optó por “Comité cívico, comunitario y empresarial de vigilancia de inversiones públicas” y 23% por “Buenaventura Cómo Vamos (seguimiento a gestión pública y calidad de vida)”, iniciativa liderada por Alexander Micolta, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad. “Buenaventura Visible” (seguimiento a relación de Alcaldía con Concejo), 0%, por ahora.  

Esta columna corresponde a la segunda de seguimiento trimestral al anuncio de toma anticorrupción de Buenaventura por parte de la Procuraduría General de la Nación. En el sondeo, el 63% dijo tener expectativas bajas respecto a los resultados de ese anuncio. La Fiscalía y la Contraloría están igual de regular en percepción ciudadana. Se robaron $4.000 millones de la Alcaldía con 34 cheques de gerencia a comienzos de agosto y aún no se sabe nada de la investigación.

Ver “Procurador, sobre la 'toma' anticorrupción de Buenaventura” (08/abril/2017).

“Buenaventura en pos paro cívico y la Procuraduría” (15/julio/2017). Parece más útil el seguimiento estratégico a la ciudad. 

@DanielMeraV

 

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